La Autoridad Portuaria de Las Palmas prepara la expulsión de 28 embarcaciones del Muelle Deportivo desde el año pasado
La institución informó este jueves, al término de su Consejo de Administración, de dos nuevos desahucios, los de los barcos Goffio y Betana
La Provincia
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, informó este jueves al término del Consejo de Administración de febrero de dos nuevos desahucios administrativos en el Muelle Deportivo para la recuperación de la posesión del puesto de amarre I-3 y G-48 de la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas. Se trata de los barcos Goffio y Betana. «Con ellos, suman 28 hasta el momento», añadió en referencia al número de desalojos realizados desde el año 2025.
El desahucio administrativo más reciente tuvo lugar el pasado 14 de enero. En él, Margarita, una mujer de 71 años que vivía en su barco ‘Claudine Estrea’ fue desalojada por la fuerza por ocho agentes de la Guardia Civil y tres de la Policía Portuaria.
La pequeña embarcación fue remolcada por dos falúas de la Autoridad Portuaria mientras decenas de personas se manifestaban en contra junto al pantalán, entre ellos, los colectivos ‘Derecho al Techo’ y ‘Mi barco, mi casa’, integrado por personas que residen en sus embarcaciones atracadas en la Marina de la capital grancanaria y que también han recibido órdenes de desalojo.
La institución portuaria explicaba entonces que con el desalojo de Margarita culminaba un expediente iniciado en 2023, quien había llegado a Canarias hace 36 años para cuidar de su hijo, al que perdió hace unos años a causa de un cáncer.
Recursos rechazados
El Consejo de Administración rechazaba ayer, además, tres recursos interpuestos a raíz de desahucios administrativos. Uno de ellos, un recurso de alzada del propietario de la embarcación ‘Alba Primero’; así como los recursos de reposición interpuestos por los propietarios de ‘Kama’ y ‘Ortgar’.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por los afectados ha sido, según su representación legal, que la ordenanza aprobada por la Autoridad Portuaria reguladora de la Dársena de Embarcaciones «es más restrictiva que la Ley de Puertos del Estado» que, según afirman, en ninguno de sus artículos prohíbe expresamente la residencia en barcos en los muelles deportivos.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha detallado en otras ocasiones que vivir en una embarcación atracada en la marina deportiva, «no es compatible» con el uso previsto de las instalaciones, reservado a embarcaciones en tránsito. La Dársena de Embarcaciones Menores, recordaba el verano pasado, tiene capacidad para 1.500 atraques «que están siempre totalmente ocupados». Un dato que refuerza el argumento institucional de que el espacio debe estar disponible para barcos en circulación, y no como residencia fija.
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