Conexiones remotas, secretos y órdenes encubiertas: el juez indaga si Setién nunca dejó de controlar el urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria

El desarrollo urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria tiene, desde hace más de tres décadas, nombre y apellido. José Manuel Setién llegó al Ayuntamiento en los años 80 con el propósito de mejorar el entorno de los barrios de la periferia. Su influencia no hizo más que crecer y acabó por dejar su impronta en los principales proyectos urbanísticos de la ciudad, en los que ejerció un férreo control que, en teoría, debería haber acabado con su jubilación en 2023. Sin embargo, el magistrado Rafael Passaro Cabrera sospecha que no fue así. Presuntamente, este funcionario siguió conectándose de forma remota a los ordenadores de Geursa, accedió a información confidencial y lanzó órdenes encubiertas a los técnicos para monitorear permutas, contratos y adjudicaciones.

La pieza del caso Valka que investiga hasta dónde llegaban las redes de Setién en la administración pública ha sido ampliada este miércoles tras un escrito del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, en el que apunta a la posible comisión, además del delito de revelación de secretos que ya se analizaba, de otros ilícitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial.

El juez que instruye la causa ha accedido a esta petición y ha citado a comparecer de nuevo tanto al exjefe de urbanismo como a los otros dos investigados, la exgerente de Geursa, Marina Más, y el asesor jurídico de la sociedad, Luis Pérez Cañón. Se investiga si entre los tres elaboraron un "plan concertado" prevaliéndose de su relación jerárquica y personal y facilitaron al funcionario ya jubilado un "acceso remoto, continuado y clandestino" a los sistemas de información urbanística del Ayuntamiento y de Geursa.

Más y Pérez Cañón habrían facilitado las claves al exjefe de Urbanismo ocultando al destinatario

Para ello, según resume el juez en el auto de ampliación del procedimiento, le habrían habilitado una red privada virtual (VPN) y facilitado las credenciales nominales de la nueva gerente. Todo con la supuesta intervención activa de Más y Pérez Cañón, que habrían ordenado a los técnicos municipales su implementación ocultando quién era el verdadero destinatario y el motivo por el que accedía a una información reservada.

Ródenas apunta como pruebas de esta intromisión ilegal los correos y documentos electrónicos firmados en la plataforma de gestión administrativa, la intervención de equipos y terminales, la trazabilidad de conexiones desde el domicilio de Setién y la "entidad y sensibilidad" de la información a la que habría accedido.

Decisiones clave

El magistrado considera, en base a estos indicios, que el caso no se limita a un "acceso aislado o meramente irregular" a un sistema, sino a una "dinámica presuntamente organizada y prolongada en el tiempo para habilitar un acceso remoto a recursos informáticos públicos". Presuntamente, operó bajo la identidad funcional de un tercero con permisos privilegiados mediante instrucciones a técnicos, la asignación o actualización de credenciales y la configuración de medios de conexión.

"Esa descripción, de ser corroborada, posee una dimensión administrativa y decisoria que trasciende el mero ámbito de la confidencialidad o la protección de datos: implica la eventual adopción de decisiones u órdenes en el seno de una entidad pública o instrumental, con capacidad real de producir efectos materiales", señala el instructor de la causa.

Passaro añade que estas prácticas sugieren una "posible distorsión de la verdad" en el contenido de documentos oficiales electrónicos si se hizo constar en ellos, ya fuese de forma expresa u omisiva, una finalidad o un destinatario diferente del real para sortear controles y habilitar un acceso que no se habría autorizado de conocerse su auténtico propósito.

Anticorrupción sospecha que accedió a datos reservados de forma prolongada

A la vista de estos hechos, abre nuevas líneas de investigación. Por un lado, indagará si Setién explotó esa información en beneficio propio o de terceros, para lo que acordará diligencias dirigidas a comprobar la finalidad, los destinatarios, las comunicaciones y otras operaciones o gestiones paralelas.

Por otro lado, analizará si los investigados utilizaron su influencia personal o jerárquica para condicionar la actuación de los técnicos municipales que tenían capacidad de ordenar o ejecutar la habilitación del acceso. En este sentido, analizará el contexto relacional, la cadena de decisiones y si existieron presiones, concierto o aprovechamiento del cargo.

Además, el juez no descarta una posible malversación si se emplearon recursos públicos como equipos, servidores, infraestructuras o tiempo del personal técnico para fines ajenos al servicio y orientados a un interés particular.

Cabe recordar que el caso Valka partió de una denuncia de la asociación vecinal Rehoyas Avanza por permutas de parcelas municipales a cambio de una finca de Tamaraceite Sur que no existía por estar sometida a una doble inmatriculación. Los denunciantes sostenían ya entonces que Setién seguía un "patrón por el que buscaba lugares estratégicos donde localizar los emplazamientos de suelos que cede a sus acólitos". Después, la investigación se amplió a adjudicaciones presuntamente fraudulentas de encomiendas de obra, contratos y proyectos con el fin de favorecer al empresario Felipe Guerra.

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