Sobrecostes sin justificar y empresas 'fantasma' en los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria
La auditoría encargada por el Ayuntamiento cuestiona la justificación del gasto en mantenimiento y detecta una vinculación societaria entre la concesionaria y la empresa que ejecuta los trabajos
La Provincia
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La concesión de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria ha registrado un sobrecoste acumulado de 1.171.808 euros en el capítulo de mantenimiento respecto a lo previsto en la oferta inicial por la que, en 1997, se adjudicó la gestión durante medio siglo. El gasto declarado por la adjudicataria, Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem), ha llegado a ser 5,7 veces superior al comprometido en el contrato sin que existiera una modificación formal del acuerdo ni la acreditación de circunstancias extraordinarias que lo justificaran.
La auditoría encargada por el Ayuntamiento para conocer el grado de cumplimiento del contrato pone de manifiesto las deficiencias de la gestión de Canaricem. Ese incremento «desproporcionado» en los gastos de mantenimiento, agregan sus autores, no responde a factores externos o decisiones municipales, sino a la propia gestión interna de la concesionaria.
Placas metálicas oxidadas para cubrir los daños en los osarios de un edificio de nichos en el Cementerio de San Lázaro. / Andrés Cruz / LPR
De la previsión inicial al encarecimiento progresivo del contrato
La gestión de los cementerios fue objeto de una privatización por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el mandato de José Manuel Soria. El consistorio adjudicó su gestión a Canaricem durante 50 años a cambio de una serie de compromisos por parte de la empresa, como el mantenimiento integral de las instalaciones, los jardines, los viales, los nichos y los edificios, además de inversiones en una ampliación que no se ha podido llegar a ejecutar.
Las previsiones de gastos de conservación bajo las que tuvo lugar el otorgamiento del contrato acabaron por no cumplirse y en 2005, la compañía presentó una reformulación de la estructura de costes. Esa actualización de la que sirvió en 1997 para la adjudicación sitúa el gasto total previsto en 2.082.464,88 euros en valores de 2024.
Sin embargo, tras la reformulación, los costes ascienden a 3.254.272,89 euros, lo que supone una diferencia de 1.171.808 euros. La auditoría subraya que este incremento estructural del mantenimiento no vino acompañado de una modificación formal del contrato ni de la acreditación de “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” que lo justificaran en términos jurídicos.
Tasa de mantenimiento y posibles beneficios adicionales injustificados
La reformulación de la estructura de costes vino acompañada de una tasa de mantenimiento destinada a cubrir los costes de conservación, pero, la empresa solo ha alcanzado en un tercio de los años analizados por los auditores. Mientras tanto, la empresa ha seguido percibiendo esa tasa pese a no haber alcanzado los niveles de inversión o de gasto operativo que justificaban su implantación. Esto, agregan, habría generado «beneficios adicionales injustificados».
En sus conclusiones, la auditoría sostiene que esta situación «distorsiona gravemente el equilibrio económico del contrato» y que el desequilibrio detectado ha sido «provocado artificialmente por la propia concesionaria».
La adjudicación de 1997: menos solvencia, pero con sede en Canarias
Canaricem se hizo con la gestión de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria en 1997, tras el proceso de privatización llevado a cabo por el Ayuntamiento. Su propuesta fue la elegida frente a las presentadas por una filial del gigante de la construcción Ferrovial, la antigua funeraria pública madrileña Funespaña -la actual Enalta- y Canaricem, que contaba con el respaldo de la empresa tinerfeña Cementerios de Tenerife, también de Francisco Javier Chico de Guzmán y Girón.
Pese a ser la compañía con menor solvencia, la mesa de contratación se decantó por su oferta económica: 93 puntos para Canaricem, 90 para Sitkol (filial de Ferrovial) y 54 para Funespaña. Este casi empate se acabó resolviendo por la sede social: el informe técnico recogía como factor decisivo que la empresa más puntuada esté radicada en Canarias y de las tres, solo la empresa del duque de Ahumada tenía su central en la capital grancanaria.
Menos de un año después de asumir la gestión, Canaricem ya planteaba la creación de una tasa de mantenimiento, lo que fue rechazado de forma categórica por el entonces concejal de Servicios Esenciales, Felipe Afonso: «Es algo que no estaba previsto cuando se adjudicó el servicio». La tasa se acabó implantando en 2005.
Externalización del mantenimiento y posible autocontratación
Además de analizar el volumen de los gastos de mantenimiento, el informe pone el foco en la fórmula legal escogida para llevarla a cabo, ya que Canaricem externaliza buena parte de este servicio en la empresa Jomavaro. Al frente de ambas compañías se encuentra Francisco Javier Chico de Guzmán y Girón, cuarto duque de Ahumada, grande de España, noveno marqués de las Amarillas, maestrante de Ronda y caballero de la Orden de Malta.
La auditoría considera la existencia de una «relación de vinculación societaria directa» y apunta a la posibilidad de «autocontratación o facturación cruzada entre empresas del mismo grupo».
Facturación cruzada y verificación de obras y servicios
Las cifras recogidas en la auditoría son son prácticamente coincidentes —604.261,40 euros facturados por Canaricem a Jomavaro y 582.370,75 euros registrados por esta última— lo que, según el texto, es indicio de que ambas entidades «operan como una sola unidad económica» y que la segunda podría funciona como empresa instrumental creada para canalizar gastos de la concesión, «posiblemente» con sobrevaloración de los servicios o falta de correspondencia entre los trabajos facturados y aquellos que fueron realmente ejecutados. Por ello, los auditores recomiendan «verificar la realidad material de las obras y servicios facturados» mediante inspecciones técnicas y comprobaciones documentales.
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