La opacidad de las cuentas impide controlar el canon de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria

La auditoría encargada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre la gestión de los cementerios municipales advierte de que la concesionaria no presenta cuentas desagregadas que permitan verificar con precisión la totalidad de los ingresos vinculados al servicio. Según el informe, elaborado por un auditor externo, esta situación «impide el control efectivo» del canon anual del 5% sobre los ingresos brutos y compromete la fiscalización del equilibrio económico-financiero del contrato.

El documento, elaborado como asistencia técnica y jurídica para evaluar el cumplimiento de la concesión formalizada en 1997 con la Compañía Canaria de Cementerios (Canaricem), analiza la documentación económica aportada y su coherencia con las obligaciones previstas en el contrato.

Una contabilidad específica para el servicio

De acuerdo con los pliegos, el concesionario está obligado a llevar una contabilidad específica del servicio, presentar cuentas anuales detalladas y remitir memorias con información contable, operativa y técnica, incluyendo actuaciones realizadas e incidencias. Asimismo, debe abonar un canon anual equivalente al 5% de los ingresos brutos derivados de los servicios prestados en los cementerios municipales.

En la práctica, la auditoría señala que la empresa «no presenta cuentas desagregadas», lo que impide verificar con exactitud el volumen total de ingresos sujetos al canon. El informe añade que no se reflejan debidamente las fuentes de financiación procedentes de servicios auxiliares -como floristería, cremación o venta de lápidas- en los estados financieros aportados. Según el documento, que parte de los ingresos no aparezcan en las cuentas o que se imputen gastos sin reflejar los ingresos correspondientes «podría constituir una alteración intencionada» del resultado de explotación.

Empresas subcontratadas sin ser operadores autorizados

Esta opacidad contable afecta directamente al cálculo del canon anual y a la fiscalización del equilibrio económico-financiero de la concesión. La auditoría añade la «más que probable existencia de empresas subcontratadas» que prestan servicios dentro del recinto sin figurar formalmente en la relación de operadores autorizados ni reflejar sus actividades en los estados financieros. Tras un requerimiento municipal de 28 de abril de 2024, no se habría facilitado información completa sobre estas entidades, lo que vulnera el deber de control y transparencia previsto en el contrato y en el reglamento del servicio.

Los pliegos también establecen el compromiso del Ayuntamiento de mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, siempre que no medie dolo, negligencia o incumplimiento del concesionario. La auditoría sostiene que «no solo no se acredita desequilibrio no imputable, sino que existen indicios razonables de que ha sido provocado por la propia conducta del adjudicatario». La ausencia de cuentas desagregadas y la falta de trazabilidad completa de ingresos y gastos impiden verificar si el equilibrio económico se mantiene en los términos pactados en el año 1997.

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