Canarias, clave en la lucha contra la piratería en el fútbol y las estafas digitales de Telegram

El bolso llegó a casa. Parecía de buena calidad. El grupo de Telegram donde se compró parecía seguro. Tenía miles de miembros y fotos creíbles del producto. Lo que no se podía adivinar es que el mismo grupo financia una red que factura millones, que los datos de los compradores ya circulan en una base de datos encubierta; o que un malware se coló en ese mismo teléfono por una aplicación insegura para ver fútbol y películas gratis.

3.032 millones de euros. Eso es lo que la piratería digital costó a las industrias culturales españolas en 2024, según la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Y una parte considerable de ese dinero viajó, en algún momento, por servidores de Canarias. Es el gancho perfecto para que la Policía Nacional radice su Seminario Regional OSINT Tools Workshop en Gran Canaria. Tres días de formación impulsada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con cientos de policías especializados de 20 países diferentes.

Hacerla a sabiendas

El 64% de los españoles que consumen contenidos ilegales sabe perfectamente que lo que hace es ilegal. El 57% sabe que está perjudicando a los creadores. Y el 74% opina que la industria cultural es estratégica para la economía del país. Lo saben, lo creen, y lo hacen igual. La piratería opera bajo los mismos criterios que cualquier otra industria criminal: es piramidal y transnacional.

El fútbol es uno de los activos de negocio de la piratería audiovisual en España y en Europa. Lo sabe bien la cruzada dirigida por Javier Tebas, presidente de La Liga, que se enroca en el bloqueo de IPs o sistemas de VPN, herramientas de ciberseguridad que encripta el tráfico de Internet de los usarios, sin revelar su ubicación real. Canarias es uno de los puntos calientes de ese mapa.

Servidores en Marruecos

El mecanismo es invisible para el que se sienta frente a la pantalla para ver el partido, pero efectúa a través de servidores instalados en países vecinos, en particular en Marruecos, que captan la señal de la televisión de pago, la reemiten de forma ilegal y la distribuyen a través de una red de revendedores que llega hasta los usuarios. «Ya hay detectados muchos servidores», confirma el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín. «El ejemplo más claro está en que muchos partidos de fútbol pirata se están emitiendo en árabe. Detrás de eso hay la emisión de una piratería, de una señal que está defraudando a los consumidores europeos que pagan religiosamente por tener un servicio de calidad», añade.

El jefe de la Sección contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Comisaría General de Policía Judicial, José Luis Gómez Pidal, describe cómo se articula la arquitectura de este fraude, que afecta mayormente a los que «buscan una alternativa barata» en el ecosistema digital. «Estas estructuras ilegales de piratería normalmente son piramidales y están ubicadas en todos los países. Hay una estructura superior que dota de servidores en diferentes lugares del mundo y luego hay un conjunto de personas denominadas resellers o revendedores, que son los que van repartiendo la señal hasta que llega a los usuarios finales», argumenta. Y cada escalón tiene también sus consecuencias penales.

Las penas en España van desde multas y meses de prisión hasta años de cárcel, en función del lugar que ocupe el imputado de esa estructura, y de si hay blanqueo de dinero asociado. «Depende de la responsabilidad de la persona, del punto que tenga en la organización, y si es una actividad organizada o no, si hay blanqueo detrás o no», precisa Gómez. Lo que no admite matices es la calificación jurídica: «La piratería digital es un delito. Otra cosa es que hoy en día en España no se persiga al usuario final como consumidor. Pero es un delito».

El Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2024, elaborado por GfK para La Coalición, la plataforma que agrupa a las principales industrias culturales españolas, cuantifica que el 48% de los consumidores de contenidos ilegales percibe que recibe más spam y publicidad desde que usa esas páginas. El 64% ha tenido que registrarse en algún portal ilícito para acceder al contenido, entregando su correo electrónico o su número de teléfono a operadores sobre cuya identidad no tienen ninguna garantía. Y el 35% de esos usuarios reconoce que desconfía del uso que esos portales harán de sus datos.

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