Caso Valka: los técnicos de Parques y Jardines no creen que una fuga justifique las facturas infladas

Los técnicos que asumieron el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a partir de noviembre de 2022 no creen que las facturas infladas a favor del empresario Felipe Guerra se justifiquen con una fuga de agua. El nuevo jefe del servicio, Víctor Martínez, declaró este miércoles ante el juez que investiga el caso Valka que este tipo de anomalías se detectan al cabo de un mes como máximo con la lectura de los contadores y señaló que no se pueden gastar tantos litros como para fundamentar la facturación de un año completo.

Según indicó el técnico, "en cualquier instalación de agua siempre hay averías y fugas". En el caso de los parques y las zonas ajardinadas a las que se dirigían estos contratos, las tuberías son de plástico y son habituales los incidentes debido al impacto de los animales y de los roedores que frecuentan estos espacios.

"Hay algunas fugas que se detectan rápido porque ves el agua salir y se intentan corregir sobre la marcha, y luego hay otras averías que son ocultas porque van al subsuelo y no se ven hasta que en el contador observas que hay una lectura excesiva. Entonces, se busca la fuga y se intenta corregir lo antes posible", explicó el jefe del servicio a su salida de los juzgados.

La concejalía mantiene un contrato con el empresario Felipe Guerra que vence en 2027

La Fiscalía le cuestionó si notó alguna irregularidad cuando se incorporó al área, aunque este detalló que "evidentemente, hay información de la que no disponíamos en aquel momento y que tiene ahora el Ministerio Público en sus manos". El cambio también supuso que "se fiscalizó adecuadamente el contrato con Guerra, se cambiaron los contadores y se hizo un seguimiento de las lecturas más fiel y concreto", según Martínez.

Es uno de los tres primeros testigos a los que el magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, llamó a declarar ante la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital. Junto a él, comparecieron la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, y el anterior director general, Bruno Naranjo. Tras el cambio en la jefatura del servicio, la facturación se redujo de forma drástica y los volúmenes de agua cayeron muy por debajo del máximo.

La edila explicó que, a su entrada a la concejalía en el año 2023, había dos contratos en vigor con Felipe Guerra, uno de agua de riego y otro de tomaderos de agua. El primero vencía en el año 2025 y no se renovó, sino que se pasó a Emalsa. El segundo, sin embargo, continúa vigente hasta 2027.

Gemma Martínez asegura que han actuado "como tenían que actuar" y se presta a colaborar con el juez

Martínez aseguró que el cambio del contrato de riego supuso un "beneficio" para el Ayuntamiento. "Primero, porque es una empresa semipública y, segundo, porque a futuro y en un corto espacio de tiempo la intención es que vaya a aguas depuradas, un sistema gratuito, como en el resto de la ciudad", justificó.

La concejala afirmó que desde el área de Parques y Jardines no tienen "nada que ocultar" y que, por el contrario, buscan prestar "total colaboración" con el juez para que "la Justicia dirima si, efectivamente, ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento". "Nosotras hemos actuado como teníamos que actuar y, efectivamente, lo que dice el fiscal es que hubo un cambio a a partir de noviembre del año 2022, pero que ya fue previo a nuestra llegada a la concejalía", añadió.

Presunto trato de favor

La pieza por la que prestan declaración investiga a la exconcejala Inmaculada Medina, los anteriores responsables del área, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas y el empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiado.

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ve indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

Padrón y Guerra volverán a comparecer ante el juez el 17 de marzo, tras acordarse el decomiso de sus saldos bancarios hasta un máximo de un millón de euros. Las declaraciones de Medina y González, por su parte, tendrán lugar el día 20 y tras las mismas se celebrará una comparecencia para solicitar la adopción de medidas cautelares.

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