Patrimonio
La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró el inmueble del catálogo de protección en 2024, tras una sentencia judicial que avalaba su desprotección por las reformas sufridas

Derribo de inmueble en la calle Bravo Murillo. / José Pérez Curbelo / LPR
La piqueta ha vuelto a hacer acto de presencia en el barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. El derribo del número 10 de la calle Bravo Murillo, una casa centenaria de dos plantas, dará paso a un nuevo edificio de cinco alturas y 12 viviendas de entre una y tres habitaciones. El inmueble se encontraba protegido dentro del catálogo municipal de protección hasta hace tres años, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ) ratificó la sentencia que avalaba su desprotección tras un largo periplo judicial tras denunciar los propietarios al Ayuntamiento.
El derribo del viejo edificio ya ha comenzado y tan solo queda parte de la fachada inferior que da hacia la calle Bravo Murillo. El nuevo inmueble, que ocupará una parcela de 210 metros cuadrados, será completamente residencial, de tal manera que el bajo pasará a albergar los cuartos trasteros y los garajes, con entrada por la calle Colmenares. Las viviendas, distribuidas en las cuatro plantas superiores, tienen entre 42 y 80 metros cuadrados con precios de hasta 400.000 euros.
En abril de 2024 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió retirar el inmueble del catálogo de protección elaborado para el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012. La ciudad daba así cumplimiento a la sentencia del 1 de septiembre de 2022, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, ratificada a su vez en marzo de 2023. Los magistrados consideran que el edificio que está siendo derribado estaba "erroneamente catalogado al no existir los valores que lo justifican debido a las sucesivas reformas que ha sufrido".
Licencia de demolición rechazada en 2018
Los entonces propietarios solicitaron licencia de demolición en 2018, tras cerrar el último local comercial de la planta baja. El Ayuntamiento les denegó en ese momento la licencia argumentando que el inmueble contaba con un grado de protección ambiental al ser "un buen ejemplo de arquitectura académica, que ilustra gran parte de la arquitectura del barrio". Según los técnicos, este mostraba "la continuidad con el barrio de Triana -al ser este el límite con Canalejas-".
La ficha reconocía que el inmueble ha tenido numerosas intervenciones, con una notable modificación de la fachada principal. No obstante, resaltaba que todavía conservaba valores arquitectónicos academicistas, además del valor de su tipología, al formar un conjunto con otras edificaciones históricas de la calle Bravo Murillo y la cercana Perojo en lo que sería parte del ensanche de la capital grancanaria desarrollado tras el derribo de la muralla norte en 1852.
Los propietarios argumentaron que en 1967 el edificio sufrió "un cambio estructural" al eliminar "el tradicional sistema de muros de carga y patio por otro estructural de pilares y forjados de losa de hormigón armado, que modifica la tabiquería interior, no reconociéndose ningún valor tipológico que lo haga merecedor de catalogación". Además de la reforma del local de 1980. Motivos por los que la Justicia les dio la razón.
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