Cuando Las Palmas de Gran Canaria 'robó' el municipio de San Lorenzo tras la Guerra Civil

El último mes de 1939 también fue el último de San Lorenzo como municipio independiente. A punta de pistola, tras décadas de intentos, y aprovechando la inestabilidad de la posguerra, Las Palmas consiguió absorber un territorio que era incluso mayor que el de toda la capital grancanaria. Todo ello amparado en una justificación que nunca llegó a concretarse.

San Lorenzo fue municipio desde 1681 —conocido en sus orígenes como Lugarejo de Tamaraceite—. Sus fronteras abarcaron mucho más de lo que hoy se podría imaginar. Desde la Peña la Vieja en Las Canteras, pasando por el Castillo de Mata, hasta llegar a Santa Brígida y Teror. Continuaba por el barranco de Tenoya y se extendía hasta el mar. En sus límites se encontraban territorios que son parte destacada de la actual Las Palmas de Gran Canaria, como Siete Palmas, Las Rehoyas, Schamann y Tamaraceite.

Ocupaba 51 kilómetros cuadrados, mientras que Las Palmas solo 49. Además, sus tierras eran fértiles y productivas, y casi todas estaban en manos de grandes terratenientes. Estas zonas, de gran valor económico y muy codiciadas, pertenecían en su mayoría a familias de la capital. Obtener estos territorios garantizaba un aumento significativo en las arcas municipales vía impuestos.

Las Palmas necesitaba expandirse, y el norte era la solución. La mayoría de los territorios que permitieron en la segunda mitad del siglo XX el crecimiento de la capital grancanaria pertenecían originalmente a San Lorenzo. A comienzo del siglo XX, Las Palmas atravesaba una notable crisis económica, mientras que la situación de San Lorenzo era más estable, lo que hacía aún más atractiva la anexión para las autoridades de la capital.

Sin embargo, los esfuerzos comenzaron mucho antes. A principios del siglo XIX se vieron las primeras muestras serias de interés por parte de los gobernantes de Las Palmas. Las leyes locales y la resistencia tanto de los vecinos como de otros municipios fueron obstáculos suficientes para dificultar estos intentos durante décadas. Problemas aquí y allá, disputas jurisdiccionales, pero nada definitivo, ningún acuerdo sobre la mesa. San Lorenzo siempre lograba resistir las presiones de Las Palmas.

La Guerra Civil lo cambió todo

A medida que la crisis económica de Las Palmas se profundizaba, la necesidad de adquirir San Lorenzo se hizo más urgente. La Guerra Civil aceleró el proceso, y el cambio de régimen supuso el espaldarazo decisivo para las aspiraciones capitalinas, otorgando además mayor impunidad para alcanzar sus objetivos.

Durante la guerra, Las Palmas se encontraba bajo control franquista. En las elecciones de 1936, el Frente Popular había vencido en San Lorenzo, liderado por el comunista Juan Santana Vega. Tras el golpe de Estado, varios miembros de la corporación fueron encarcelados. En marzo de 1937, el alcalde, el secretario municipal, el jefe de la Policía Local y dos sindicalistas fueron fusilados en el Campo de Tiro de La Isleta.

Este escenario allanó el camino para la anexión, cuyo proceso encontró su figura clave en el Gobernador Civil, Antonio García López. Utilizando toda su fuerza, reemplazó a los dirigentes por otros "más analfabetos y pobres de argumentos", según el historiador Juan Francisco Santana Domínguez. Al concluir la guerra, las presiones sobre San Lorenzo se volvieron asfixiantes, llegando desde todos los frentes.

Las Palmas tenía menos territorio que su vecino, pero mucho más poder administrativo, concentrando en su área a la mayoría de jueces, abogados, empresarios y figuras de la élite local. Además, la posibilidad de conseguir la capitalidad de Canarias —que finalmente no lograrían— resultaba lo suficientemente tentadora como para no dejar escapar la oportunidad. Excusa y deseo, quizá necesidad.

A finales de 1939 se dio el paso definitivo. Según narra Santana Domínguez, el Gobernador Civil designó a dedo a nuevos representantes de San Lorenzo sin experiencia política alguna para que firmaran la anexión, a pesar de la oposición municipal. Sentados en la mesa de 'negociación', García López sacó su pistola y la dejó sobre la mesa. Por comodidad y por si acaso. Santana Domínguez explica que el último alcalde vivo de San Lorenzo le contó que, si no firmaban, los mataban.

A pesar de contar con aquellas firmas, la anexión no fue sencilla. La documentación enviada a la Península fue rechazada en varias ocasiones, ya que no cumplía con los procedimientos legales establecidos por la Ley Municipal de 1935. Pero el respaldo de Serrano Súñer, Ministro de la Gobernación, y otros cargos del régimen fueron suficientes para que la anexión terminara siendo aprobada.

Un proceso irregular

La Ley Municipal de 1935 detallaba los procedimientos legales necesarios para la agregación de municipios, que incluían pasos que nunca se cumplieron en el caso de San Lorenzo, como la falta de una consulta popular y un acuerdo formal entre ambos municipios. Además, la intimidación sufrida por los firmantes y la falta de legitimidad de su representación —pues no estaban autorizados por el municipio—, convierten esta anexión en un acto que muchos de sus vecinos consideran ilegal desde entonces y siguen denunciando hoy.

De la anexión y todo lo que la precedió, se habló poco y, en muchos hogares, llegó a convertirse en un verdadero tabú. Durante décadas, este suceso fue ignorado tanto legal como socialmente, al menos fuera de San Lorenzo. En plena posguerra, este acto fue rápidamente asumido como una consecuencia más, sin generar mayores interrogantes a nivel regional, ya que para la mayoría el proceso pasó desapercibido.

En los últimos años, organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y del Municipio de San Lorenzo han luchado, y conseguido victorias jurídicas, para que se reconozca lo ocurrido, recuperando documentación y pruebas al escarbar en los archivos municipales.