Una familia con cinco hijos es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria: "Mi hijo ayer no comió"

Una familia con cinco hijos, cuatro de ellos menores, ha sido desahuciada en la calle Montevideo de Las Palmas de Gran Canaria. Cuentan con una vivienda ofrecida por el Gobierno de Canarias, pero necesitan tiempo para poder trasladarse y el juzgado les denegó el aplazamiento solicitado. Hasta principios de abril no pueden entrar en la casa de protección oficial que les ha sido adjudicada en Ingenio y mientras tanto se quedan en una vivienda provisional, conseguida a través de la red solidaria de la plataforma ciudadana Derecho al Techo.

Sobre las 11.30 horas de ayer la comitiva judicial decretó el desalojo tras denegar el aplazamiento de 20 días solicitado inicialmente y también la rebaja del plazo a una semana, que a última hora propusieron los afectados. Al mediodía la familia quedó en la calle y guardaron en el rellano del edificio sus principales pertenencias, a la espera de la intervención de Servicios Sociales, al no contar con una alternativa habitacional hasta que puedan mudarse al piso de Visocan.

Desahucio en la calle Montevideo

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Les preocupaba dónde iban a pasar la noche. Sin embargo, ese problema quedó resuelto a mitad de la tarde gracias a la intervención de Derecho al Techo y al apoyo de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino, que les ofreció una ayuda de emergencia de entre 700 y 1.000 euros para ayudarles a pagar la solución temporal.

La familia lleva viviendo de alquiler desde hace cinco años y la situación de impago comenzó en la pandemia de la Covid–19, cuando ambos progenitores perdieron sus empleos en el sector de la hostelería.

"Están pidiendo tres mensualidades de entrada y avalistas. Con los ingresos que tenemos no lo aceptan", denuncia María, la madre de la familia

«Están destrozados», aseguró el miembro de Derecho al Techo, Jonathan Mesa, después de que la familia recogiera sus pertenencias al mediodía y antes de saber si los siete miembros de la familia tendrían que pasar la noche en la calle. La madre afectada, que pide ser identificada con el nombre ficticio de María para preservar su anonimato, destacó que las implicaciones psicológicas de este proceso han sido duras tanto para ella, como para todos sus hijos. «Mi hijo ayer no comió», comentó antes de que se produjera el desalojo.

Inicialmente, la empresa pública Visocan les ofreció una vivienda en el municipio de Ingenio, una opción que la familia rechazó en un primer momento porque esperaba poder acceder a alguna de las viviendas públicas en construcción en la capital grancanaria. Sin embargo, los retrasos en esos proyectos les llevaron finalmente a aceptar el traslado a Ingenio. "Lo único que piden es un aplazamiento de unos 20 días para evitar verse en una situación aún más complicada", explicaron desde Derecho al Techo. Luego, al ver que no había posibilidad de acuerdo solicitaron una semana, un plazo de tiempo que tampoco fue concedido.

Alternativa habitacional negada

María detalló que la familia solo necesitaba tiempo para entrar en su nueva casa, que le falta la instalación de conexión eléctrica y agua. "Tenemos una alternativa habitacional ofrecida por el Gobierno de Canarias y ya hemos firmado la aceptación", explicó. Según relata, durante los últimos años ha intentado negociar con el propietario del inmueble, que reside fuera de España, y también ha buscado otras viviendas en el mercado privado sin éxito.

María contó que han estado buscando pisos a los que mudarse, pero la situación de la vivienda les ha imposibilitado encontrar otra opción. "Están pidiendo tres mensualidades de entrada y avalistas. Con los ingresos que tenemos no lo aceptan", lamentó María; en el piso del que fue desalojada la renta era de 800 euros. La familia percibe una prestación de la Seguridad Social que supera los 1.200 euros mensuales, pero María aclaró que los propietarios no aceptan este tipo de ingresos como garantía. "Aunque tengas ingresos, si no tienes un contrato indefinido de un año no te alquilan", explicó.

La afectada también denuncia el encarecimiento del alquiler en Canarias y asegura que muchas familias trabajadoras se encuentran en situaciones similares. "Esto no solo afecta a familias vulnerables, también a trabajadores con salario mínimo", señaló.

Jonathan Mesa aseguró que la situación de los desahucios se ha agravado tras la caída del denominado escudo social, que durante la pandemia permitió paralizar algunos lanzamientos en casos de vulnerabilidad. "Se van a producir más desahucios porque las medidas que se deberían haber tomado hace años como inmobiliarias públicas, control del mercado o mayor acceso a la vivienda pública no se están tomando", previó el miembro de la plataforma ciudadana.

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