Una jueza abre una investigación por prevaricación en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Una magistrada ha admitido a trámite la querella del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, contra tres responsables de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y una empresaria por un presunto trato de favora la entidad Qué tal estás. La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia indaga si, mediante un abuso de contratos menores y sin publicidad entre 2019 y 2025, los investigados cometieron delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Las pesquisas de la instructora Ana Isabel de Vega se ciñen contra Encarna Galván, concejala de Cultura y presidenta de la entidad municipal de 2015 a 2023; Agustín Díaz, gerente de la misma durante el transcurso de los hechos denunciados; Elena Rodríguez, sucesora en el cargo del anterior; y Natalia Medina, consejera del consejo de administración de la entidad municipal y propietaria de la empresa Qué tal estás.

El Ministerio Público rastreó estas contrataciones a partir del verano de 2024 tras las denuncias presentadas por la portavoz del Partido Popular (PP) en la capital, Jimena Delgado. Estas también apuntaban como supuestas beneficiarias a la empresa Camino Viejo y a tres entidades vinculadas con las carpas del Carnaval de 2024 en Belén María, pero la querella desestimó dicha responsabilidad.

La presunta beneficiaria facturó dos millones durante seis años mediante adjudicaciones directas

Presuntamente, Galván, Díaz y Rodríguez intervinieron en la contratación pública mediante negociados sin publicidad a favor de su compañera en el consejo de administración y vocal, Natalia Medina. Ródenas les achaca no haber adoptado ninguna medida para evitar el "favoritismo" hacia la empresaria, ni haber tomado acciones para evitar un conflicto de intereses debido a su vinculación directa con la entidad pública.

Fruto de estas acciones, la empresa de Medina facturó dos millones de euros durante seis años mediante adjudicaciones directas. Bajo la lupa se encuentran una decena de contratos negociados sin publicidad, justificados como "obra de arte o representación artística única". La magistrada indagará si en estos procesos hubo algún incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Presunto favoritismo

La promotora cultural, que organiza el festival Masdanza y de Across Hip Hop, era consejera y vocal de la sociedad desde octubre de 2019 y presentó su dimisión en junio de 2025 por "razones personales". El fiscal señala que las incompatibilidades reguladas por ley "no dependen de la buena fe del consejero o del órgano de contratación" y entiende como una "labor facilitadora" el no haberse abstenido en la contratación de su empresa. Qué tal estás experimentó un aumento exponencial de la facturación después de que empezara a ejercer como consejera.

En cambio, Ródenas entiende que los tres cargos de la Sociedad de Promoción no incurrieron en ningún delito en el resto de contrataciones señaladas por el PP. En el trámite de diligencias preprocesales analizó las cuentas bancarias y la facturación mercantil de Camino Viejo Producciones y concluyó que no existía ningún elemento que sugiera un desvío, sobrecoste, incremento no autorizado o lucro ilícito por parte de la empresa.

Las pesquisas pretenden dirimir si se incumplió la ley de contratos públicos

La querella recoge que la entidad municipal confió en esta empresa cada año porque cuenta con la exclusividad de los artistas y había obtenido una experiencia satisfactoria en el pasado, con unos precios que coinciden con la media que marca el mercado.

También rechaza cualquier tipo de responsabilidad o beneficio por parte de las empresas Palacio Calderón, Instalaciones, Reformas y Montajes Tudor y Pirámide Moctezuma, las cuales compitieron por instalar las carpas del Carnaval de 2024 a través de un negociado sin publicidad.

El Ministerio Público, por otro lado, rechaza que competa investigar por el ámbito penal si hubo previsión o no por parte del Ayuntamiento debido a los retrasos en las obras del Parque Santa Catalina. En este sentido, señala que no cabe indagar la motivación de un contrato a dedo porque sino se correría el riesgo de "criminalizar la vida administrativa de un municipio".