Mazazo judicial: un juzgado obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a abonar 11 millones de euros a los empleados públicos

Una magistrada ha condenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al pago de los complementos de Productividad de todos sus empleados públicos, con carácter retroactivo desde el 16 de septiembre de 2021 hasta el periodo de 2024, referido al Programa de Evaluación del Desempeño y Rendimiento.

La jueza Esperanza Ramírez Eugenio señala en su sentencia que "se trata de un complemento que no está vinculado al puesto de trabajo en sí, sino al desempeño individual del empleado durante un periodo determinado, lo que se ajusta al contenido del acuerdo y del programa cuyo análisis se lleva a cabo".

El fallo dictado por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) estima el recurso presentado por la Unión Sindical de Policía y Bomberos (Uspb), asociación que impulsó la demanda contra el Consistorio en diciembre de 2024.

El documento declara la validez parcial del acuerdo contraído en 2021 sobre el sistema de evaluación del desempeño y del rendimiento del personal, ya que diferencia dos tipos de programas; uno sobre gestión del conocimiento; otro sobre la evaluación de desempeño del puesto de trabajo. Es sobre este último sobre el que la sentencia se centra y da la razón al sindicato de trabajadores.

"La realidad nos obliga a judicializar"

"Estamos satisfechos", destacó a este periódico el secretario general de la Uspb, Víctor García, quien resaltó que se trata de un fallo que "afecta a todos los empleados del Ayuntamiento, cerca de 2.400 trabajadores, no solo se trata de policías, bomberos o agentes de movilidad".

El fallo judicial es retroactivo de 2021 a 2024 y afecta a 2.400 trabajadores municipales

El portavoz sindical estimó que la cuantía a abonar asciende a 10,8 millones de euros. "En el año 2021 había presupuestado 1,8 millones y en los años 2022, 2023 y 2024, 3 millones de euros por año" y confió en que el Ayuntamiento acepte la sentencia y no recurra. "Sería una contradicción que los tribunales nos den la razón y aun así la alcaldesa quiera recurrir para ganar tiempo".

García añadió que la sentencia "pone en evidencia que la realidad nos obliga a judicializar, a diferencia de lo que dice la alcaldesa, porque no se ejecutan los acuerdos establecidos".

El portavoz sindical destacó que se trata de un derecho, ya que el dinero estaba presupuestado. "Nos devuelven a los empleados públicos algo que nos pertenece". Desde Uspb esperan a que "el Consistorio acepte y negocie" la vía de ejecución de la cuantía.

Víctor García: «Sería contradictorio que los tribunales nos den la razón y se recurra para ganar tiempo»

Víctor García

— Secretario general de Uspb

El Ayuntamiento espera que el Consejo Consultivo se pronuncie

Desde el Consistorio resaltan que la sentencia se encuentra en primera instancia, "por lo que se analizará su contenido y alcance antes de decidir los próximos pasos a dar".

Añaden que el grupo de gobierno decidió suspender el acuerdo aprobado en 2021 hasta que el Consejo Consultivo se pronuncie al respecto "al entender que no se ajustaba plenamente a derecho, una interpretación que también han respaldado varios tribunales", añaden.

E insisten en que el gobierno municipal alcanzó un nuevo acuerdo de productividad, aprobado en Junta de Gobierno, "para premiar el especial rendimiento, reconocer la actividad extraordinaria y valorar el interés o la iniciativa en el trabajo, que ha permitido al personal en 2025 percibir los tres primeros trimestres y estamos tramitando el cuarto".

El complemento de productividad que sí fue abonado en 2025 ascendió a 3.800.000 euros, de los cuales 2.600.000 euros se destinaron al personal funcionario y 1.200.000 euros al personal laboral con la precisión de que tuvieran más de seis meses de antigüedad y en el que quedaban excluido el personal eventual, directivo y los miembros de la corporación.  La valoración se hacía tanto por los logros colectivos como por el desempeño individual.

La sentencia conocida ayer impone el pago de unas costas procesales que limita a 300 euros y establece que contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación, en un solo efecto, ante el mismo juzgado en un plazo de quince días.

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