El metro cuadrado sube 418 euros en dos años: un nuevo informe insta a declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en declararse zona tensionada para poner tope al precio de la vivienda. Después del ultimátum de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para cumplimentar la solicitud, la corporación municipal ha entregado la documentación adicional requerida para continuar con el proceso administrativo, en la que se aportan datos sobre la inflación del mercado inmobiliario en la capital grancanaria.

Aumento sostenido en el precio de la vivienda

Entre 2021 y 2023, el valor medio de las operaciones de compraventa pasó de 1.697 euros por metro cuadrado a 2.115 euros, suponiendo un aumento de 418 euros por metro cuadrado en apenas dos años. El precio del alquiler también ha subido: se ha registrado un repunte del 29,4% entre 2019 y 2024, superando por diez puntos la subida del Índice de Precios de Consumo en Canarias, que se sitúa en el 19,69%.

Asimismo, según los datos de 2023, el coste medio del alquiler ya suponía el 30,97% de los salarios, con cifras similares en el caso de las hipotecas, situadas en el 30,7%. De acuerdo con el informe, estos datos corresponden a un escenario previo a la "emergencia residencial", en el que ya se están produciendo "tensiones importantes en la oferta de vivienda" que afectan a la vida de los habitantes.

Discrepancias en los informes

La solicitud, enmarcada en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, ha causado diversos desencuentros entre el Gobierno de Canarias y la corporación municipal, que ya la ha presentado en cuatro ocasiones. Por ello, la Consejería de Vivienda solicitó al Consistorio la adhesión de "datos objetivos de fuentes oficiales" desglosados por las distintas zonas de la ciudad y tipologías.

Con esta nueva adenda, el Ejecutivo pretende arrojar luz sobre las discrepancias que se han producido entre dos estudios: el que presentó en su día el Consistorio, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el informe elaborado por el Colegio de Economistas. En el segundo se concluyó que la ciudad no reúne los requisitos necesarios para declararse zona tensionada.

Los criterios de la normativa

La ley de 2023 establece medidas para regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda en aquellas zonas donde exista un "especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población".

De acuerdo con la normativa, se incluyen en esta categoría los ámbitos territoriales donde el coste de la hipoteca o del alquiler –sumado a los suministros básicos– supere el 30% de los ingresos medios del hogar. Otro criterio a tener en cuenta es que el precio de compra o de alquiler haya experimentado una subida notoria en los últimos cinco años.

Tras la aportación de los documentos adicionales, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, indicó: "El Ayuntamiento espera que, una vez recabados los informes que considere necesarios de otras administraciones o entidades del Gobierno de Canarias, se pueda continuar con la tramitación del expediente".

El esfuerzo económico

La documentación enviada por parte del Consistorio incluye información complementaria sobre el mercado de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Por una parte, el informe desglosa de forma detallada los precios de alquiler y venta por tipologías y zonas de la ciudad. Por otra parte, incluye un análisis sobre el esfuerzo económico que deben hacer las personas y núcleos familiares para acceder a una vivienda.

Basándose en fuentes oficiales y metodologías estadísticas, el estudio destaca que el esfuerzo económico de las familias supera el 30% de sus sueldos medios, umbral establecido por la Ley Estatal de Vivienda como indicador de una zona tensionada.

Segregación y vulnerabilidad

Asimismo, la documentación incorpora estudios sobre segregación social, mapas de vulnerabilidad y un cronograma con una previsión de medidas sociales. Estas se aplicarían, en caso de que la ciudad se declarase como zona tensionada, durante los tres años de vigencia de la normativa.

Aquellos distritos donde el esfuerzo económico supera el 30% aglutinan al 77% de la ciudadanía, lo que revela unas dificultades de acceso a la vivienda que afectan a una amplia mayoría de residentes. Además, los datos reflejan que se ha producido un aumento sostenido en los precios de la vivienda, tanto en la compraventa como en los alquileres.

Este envío de documentación se suma al informe que fue presentado en enero de 2025. En estos estudios previos ya se señalaba que la carga media del coste de la vivienda superaba el 30% de la renta media de los hogares, uno de los criterios clave de la normativa estatal que ya se aplica en más de 300 municipios de España.

Viviendas vacacionales

La solicitud del Consistorio también pretende poner tope a la oferta de viviendas vacacionales en la capital grancanaria. Tal y como está recogido en la ley de usos turísticos del Gobierno autonómico, para poder limitar el número de alquileres turísticos es necesario que primero se reconozca la ciudad como zona tensionada.

En declaraciones anteriores, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró: "Consideramos que hemos llegado al tope máximo de viviendas vacacionales".

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