Hasta diez meses de espera para iniciar las visitas tuteladas en Las Palmas de Gran Canaria

Los hijos de parejas separadas de Las Palmas de Gran Canaria deben esperar 10 meses de media para volver a ver a su progenitor después de que un juez acuerde la aplicación de un régimen de visitas tuteladas. Es la queja del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) por el "grave retraso" del punto de encuentro familiar de Vegueta, gestionado por el Cabildo, a la hora de organizar estos encuentros.

La Sala de Gobierno ha llevado esta protesta al último pleno de la judicatura canaria al entender que se trata de un asunto que afecta al interés superior de los menores. Los magistrados de familia creen que el problema responde a la "insuficiencia de medios personales e instalaciones" y han solicitado a la institución competente un informe detallado y la adopción de las medidas necesarias para garantizar un "servicio eficaz y en plazos razonables".

El Cabildo responde ante estas críticas que tiene abierto este espacio de manera histórica "para apoyar al Gobierno de Canarias en sus propias competencias" que es "quien tiene la potestad de abrir más, si así lo considera, como los ha abierto en otros puntos de la Isla donde ha hecho falta un refuerzo, como puede hacer falta ahora en la capital grancanaria". La institución insular añade, en este sentido, que es el único Cabildo que gestiona un punto de encuentro familiar.

Los jueces achacan la tardanza a la insuficiencia de medios personales e instalaciones

Estos centros desempeñan dos funciones principales. Por un lado, permiten realizar intercambios de menores entre dos padres separados cuando así lo ordena el juez y, por otro, facilitan las visitas tuteladas. El magistrado puede ordenar este modelo en aquellos casos en los que hay mucha conflictividad, denuncias previas, un procedimiento penal abierto o cuando los menores no quieren ir con su padre o con su madre. Se empieza así con encuentros breves de dos horas antes de establecer un régimen de visitas general.

Si esos primeros encuentros con los menores marchan bien, se les da continuidad y el personal del punto de encuentro elabora un informe para que el juez determine los próximos pasos. Sin embargo, los magistrados de familia de la capital han notado que, desde que fijan este régimen en sentencia, el procedimiento de visitas se está demorando más de lo habitual.

Lista de espera

"Hay más demanda que oferta, así que tienen una lista de espera y se tarda en que den cita a los padres para que puedan empezar a ver a los menores en este espacio", explica el juez decano, Juan Avello.

Las consecuencias son que "se tarda más en normalizar la relación" entre los familiares y en que "los profesionales del punto de encuentro puedan hacer su labor y su función", añade el magistrado.

El Cabildo asegura que la competencia para abrir nuevos centros pertenece al Gobierno regional

La judicatura achaca estos fallos a una cuestión material de falta de espacio pero, especialmente, de personal especializado que atienda a los usuarios, como psicólogos o trabajadores sociales. "No es solo una entrega puntual, que eso funciona más o menos bien, sino el seguimiento que se realiza después a los menores", afirma Avello.

El juez decano resalta que el trabajo de los magistrados "no se ve retrasado" por esta tardanza, pero sí "el derecho de los ciudadanos a que se cumpla la sentencia y a que empiecen a realizarse las visitas que se acuerdan". "Es necesario que se den cuenta de lo importante que es este servicio y no puede ser que se tarde tanto en dar respuesta a las familias", enfatiza.