El juez restringe la movilidad de Miguel Ángel Padrón y Felipe Guerra por el 'caso Valka'

El magistrado ha acordado nuevas medidas cautelares que limitan la movilidad del exjefe del área de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón, y del empresario Felipe Guerra por el caso Valka. Ambos han optado por volver a guardar silencio ante el juez instructor, Rafael Passaro Cabrera, durante la comparecencia celebrada este martes con motivo de la última ampliación de la querella.

Con esta petición, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, descarta la posibilidad de acordar una medida más gravosa de prisión provisional, la máxima que podía solicitar en este acto. También reclamará limitar la libertad de la exconcejala Inmaculada Medinay del posterior responsable del área, Sergio González Cubas, cuyas declaraciones están previstas para este viernes.

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia argumentó dicha decisión en un auto, al que ha tenido acceso este periódico, que coloca a Padrón y Guerra en el "centro de una operativa continuada en el tiempo, vinculada a la adjudicación y ejecución de contratos públicos y a la eventual obtención de beneficios económicos derivados de tales actuaciones". Sostiene que la documentación que prueba los flujos financieros y patrimoniales entre ambos permite pasar de la "mera conjetura" a situarse en un "plano de verosimilitud".

"La gravedad de los hechos investigados, que se proyectan sobre el manejo de fondos públicos y sobre el correcto funcionamiento de la administración, y que vienen siendo relacionados provisionalmente con figuras delictivas que llevan aparejadas penas de entidad significativa, constituye un elemento que incide directamente en la valoración del riesgo de elusión de la acción de la justicia", determina el magistrado. Por tanto, considera una "medida idónea y proporcionada" la prohibición de salida del territorio nacional para neutralizar el riesgo de fuga.

Los dos investigados mantienen el silencio ante el juez al acogerse a su derecho a no prestar declaración

Felipe Guerra llegó a los juzgados a las once de la mañana acompañado de su abogado, Sergio Armario. Este último había solicitado inicialmente el aplazamiento de la toma de declaración a su representado debido a que se encontraba indispuesto por una dolencia médica, pero finalmente decidió acogerse a su derecho a no declarar, al igual que el resto de investigados que han pasado ante el juez por esta causa.

La pieza separada de Parques y Jardines que investiga a Guerra, Padrón, Medina y González apunta a la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos agravado por un perjuicio superior a 250.000 euros, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. Bajo la lupa se encuentran 89 facturas supuestamente infladas o ficticias emitidas entre 2015 y 2022.

Vínculos societarios

El juez averigua si los investigados favorecieron al empresario investigado debido a su vínculo societario con Miguel Ángel Padrón, pues ambos mantuvieron un negocio juntos en la empresa Esvertical entre 2014 y 2021, incluyendo el periodo en el que fue jefe del servicio. En la causa también se ha personado como perjudicado el Ayuntamiento, representado por su directora general de asesoría jurídica Tatiana Quintana, debido a que las presuntas acciones ilícitas habrían generado un quebranto para las arcas públicas que ronda los 400.000 euros.

Ródenas centró la ampliación de la querella en cuatro de los contratos de los que resultó adjudicataria la entidad Guerra Patrimonial FGG, que están relacionados con el suministro de agua en parques y jardines municipales del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. El precio debía determinarse en función del volumen de agua suministrada, que se recoge en los contadores y en la certificación mensual del servicio.

El fiscal rechaza la posibilidad de pedir medidas más gravosas, como el ingreso en prisión provisional

Sin embargo, el fiscal sostiene que los técnicos Padrón y González Cubas prescindieron del procedimiento legal y se concertaron con el empresario para agotar el crédito presupuestario aparentando que el servicio se había prestado de forma íntegra, con independencia de cuáles eran los consumos reales.

El papel "decisivo" de Inmaculada Medina en la presunta trama corrupta, según la Fiscalía, se habría basado en la firma de resoluciones administrativas para autorizar el pago de las facturas emitidas por la empresa sin requerir comprobaciones técnicas ni justificar el consumo y en la aprobación de derechos de gasto que habrían dado una cobertura legal al supuesto engaño.

Sobrecostes de más del 70%

Ródenas habla de actas de prestación del servicio y documentos de conformidad que avalaron sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales. En concreto, el pliego de prescripciones técnicas refleja un consumo de 190.000 metros cúbicos con un gasto de 250.000 euros anuales, que según la acusación no se corresponde con la demanda real.

En diciembre de 2022 se produjo una transformación en el área municipal con la entrada de los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez, así como la posterior incorporación de la concejala Gemma Martínez Soliño (Podemos) tras el cambio de gobierno. Entonces, la facturación se redujo de forma drástica y los volúmenes de agua se situaron muy por debajo del máximo.

El supuesto beneficio para Padrón habría sido de 430.000 euros. Anticorrupción sostiene que la empresa contratista, con parte del beneficio obtenido por los contratos con el Ayuntamiento, financió un préstamo personal por esta cuantía a su socio que habría sido una especie de "retorno encubierto" para la desviación de caudales públicos.