El PP advierte de que la falta de actuaciones para cumplir el descanso vecinal "pone en riesgo" el Carnaval en la calle

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, aseguró este miércoles que la sentencia que anula la autorización del Carnaval de 2024 en la zona del Puerto y La Isleta supone un “severo correctivo judicial” a la gestión del PSOE. Según expuso, el fallo concluye que el Consistorio no adoptó medidas eficaces para proteger del ruido a los vecinos y que tampoco justificó adecuadamente la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica.

Delgado sostiene que la resolución judicial recoge que el bando municipal que suspendió esos objetivos no iba acompañado de “la mínima justificación” y que aprecia una “ausencia absoluta de motivación” en una decisión que afecta a derechos fundamentales. La edil interpreta que el Ayuntamiento abordó la organización del Carnaval “eludiendo sus obligaciones” en un contexto normativo y social más exigente sobre el impacto del ruido y la protección de los residentes.

Críticas a la gestión

La portavoz popular afirmó que la sentencia acredita, a su juicio, que no se protegió ni a los vecinos ni al propio Carnaval. En su valoración, la falta de actuaciones para compatibilizar la celebración con el descanso vecinal “pone en riesgo” el modelo de fiesta en la calle. En ese marco, responsabilizó a la alcaldesa Carolina Darias de no haber impulsado medidas materiales para evitar los perjuicios denunciados por residentes de la zona.

Delgado subrayó un pasaje del fallo que, según explicó, cuestiona la credibilidad probatoria de lo declarado por la gerente de la Sociedad de Promoción sobre las medidas contra el ruido. La portavoz del PP contrapuso esa versión con lo reflejado por agentes de la Policía Local durante el Carnaval de 2024, indicando que en distintos actos no constaban certificados exigidos, que se emitió música antes de implantar medidas de seguridad y que, hasta casi el final de las celebraciones, se seguía sin recibir documentación sobre limitadores y registradores de sonido.

Episodios de seguridad

La edil consideró “grave” que el magistrado destaque la “encomiable labor” de la Unidad de Mediación de la Policía Local (UMEC) y que señale que su actuación fue clave para poner de relieve y atemperar “problemas de seguridad”, aunque esa cuestión no fuera objeto del procedimiento. Delgado anunció que su grupo intentará esclarecer qué incidencias se detectaron, cómo se actuó y por qué se llegó a una situación “tan seria” en un evento de esa magnitud.

La portavoz popular recordó que no es la primera vez que decisiones judiciales afectan a la organización del Carnaval en la ciudad. Mencionó el precedente del Carnaval de Día en Vegueta, cuyo traslado fue ordenado por el mismo juzgado en 2021 y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2023, tras el anuncio municipal de recurrir.

Delgado cerró su posicionamiento reclamando una reflexión “seria” sobre el futuro del Carnaval de calle y la necesidad de una planificación que aporte seguridad jurídica y medidas reales para compatibilizar la fiesta con los derechos de los residentes. “Carnaval sí, siempre; la cuestión es dónde”, resumió, al tiempo que advirtió de que sin cambios podrían repetirse conflictos similares en próximas ediciones.