El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, las Fallas o Sanfermines en jaque: las denuncias vecinales cercan las fiestas de las grandes ciudades

«Esto es incontrolable, y lo que no se puede controlar no se puede tolerar, se ha de prohibir». Con estas palabras, la presidenta de la asociación de comerciantes del centro de Valencia, Julia Martínez, expresaba esta semana el hartazgo que numerosos vecinos sienten por los inconvenientes que provocan las Fallas en la capital valenciana. Las grandes fiestas multitudinarias en zonas urbanas cada vez tienen más detractores y la sentencia en contra de la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en La Isleta es uno de los ejemplos más claros del choque que se está produciendo entre el derecho al descanso y al ocio.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió esta semana una sentencia en la que daba la razón a 11 vecinos de la zona Puerto, quienes denunciaron la celebración del Carnaval en 2024 en las plazas de La Luz, Manuel Becerra y Los Patos. Aunque el Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la resolución, esta viene a prohibir que vuelvan a utilizarse estos espacios para las fiestas y, además, fija una indemnización a los demandantes de 2.000 euros por persona y día.

Este no ha sido el único varapalo que se ha llevado el Carnaval en las dos últimas décadas, restringiendo cada vez más las zonas de la ciudad donde se pueden celebrar las carnestolendas en la calle -paradójicamente este año se han conmemorado los 50 años de la fiesta en libertad tras la prohibición de la dictadura-. Pero lo cierto es que el clamor contra los actos multitudinarios y las restricciones al ocio son cada vez más comunes en las ciudades españolas.

Ruidos, suciedad y restricciones a la movilidad

El caso de las Fallas de Valencia es el más reciente. Durante las dos últimas semanas las calles y plazas de la capital valenciana han estado ocupadas por las tracas de voladores, las verbenas y los ventorrillos. Miles de personas han abarrotado la ciudad estos días, tanto locales como foráneos. Una situación que ha generado numerosas molestias a los residentes en la zona donde todo tiene lugar -al menos a una parte de ellos-. Ruidos, suciedad, restricciones a la movilidad.

Las asociaciones de vecinos y comerciantes ya han declarado públicamente su malestar y que la solución a los ruidos «y el desfase intolerable» pasa por prohibir y sacar las verbenas de las calles del centro. «Las fiestas del colapso», afirmaba el viernes el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia. Una situación que, según muchos residentes, se ha visto este año desbordada por «el turismo de borrachera».

Interés turístico Internacional

Al igual que el Carnaval de la capital grancanaria, las Fallas de Valencia son fiestas de interés turístico internacional. En un país como España, con una economía dirigida al turismo, las fiestas cada vez atraen más a todo tipo de público de manera masiva. Una situación que se une a la necesidad creciente de acudir a todo tipo de eventos -un sentimiento conocido como ‘fomo’ entre los jóvenes-, al envejecimiento poblacional y a cambios de hábitos. Todo ello ha propiciado un cóctel que hace desafiar celebraciones que hasta hace unos años eran incuestionables.

Este tipo de fiestas ponen en cuestión el derecho al descanso, pero, al mismo tiempo, generan economía. Solo las carnestolendas de la capital grancanaria generan un retorno económico de 40 millones de euros, según cálculos de la ULPGC. Además del lleno de hoteles y el consumo en bares y restaurantes, más de 70 grupos entre orquestas o djs, entre otros, hacen su agosto en febrero.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con ediciones judicializadas desde 2002, no es la única fiesta masiva que ya ha tenido sentencias en su contra. En 2015 la Justicia dio la razón a los vecinos del barrio de Chueca, en Madrid, por las aglomeraciones y ruidos que se producían en la plaza homónima durante el pregón del Orgullo LGTBIQ+. Desde 2016 se hacen en la de Pedro Zerolo, de mayores dimensiones.

Navidad en Vigo

El pasado mes de diciembre, vecinos de Vigo anunciaron que recurrirían ante los tribunales las molestias provocadas por «el caos» generado por la celebración de la Navidad. La gran afluencia de público que están atrayendo, las luces, los ruidos y las restricciones a la movilidad cada vez son más palpables denuncian. Según los vecinos, el Consistorio vigués se salta los límites de decibelios puesto que se trata de una Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

Donde los vecinos sí han ganado un pleito en contra de la Navidad ha sido en el pueblo de Ocaña, en la provincia de Toledo. En este caso, los festejos llevan tres años celebrándose fuera de la plaza Mayor de la localidad, como era tradición, después de que un grupo de vecinas ganaron una sentencia que obligó al Ayuntamiento a buscar una alternativa.

En Andalucía, el abogado Joaquín José Herrera puso en duda las carpas del Carnaval de Cádiz por ir «contra el derecho a la salud y la inviolabilidad del domicilio». Herrera pertenece a Juristas contra el ruido, asociación que preside Yomara García, letrada que ha ganado dos de las sentencias contra el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En el caso gaditano, el jurista animó a los vecinos a pedir mediciones acústicas para tomar medidas correctoras y a solicitar indemnizaciones.

Carnaval de Tenerife

En el caso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, los vecinos del centro también han intentado paralizar la fiesta en la calle. Los carnavaleros, año tras año, llenan las calles de la capital chicharrera con escenarios en distintas ubicaciones como la plaza del Príncipe o la de la Candelaria. En 2007 el juez desestimó la petición de la fiesta; aquel año el abogado Felipe Campos solicitó la suspensión de los distintos actos al aire libre por las molestias que causan chiringuitos, escenarios y bares.

El entonces alcalde santacrucero, Miguel Zerolo, alegó que encontrar una ubicación diferente para las fiestas en ese momento era «inviable» al no encontrar alternativa y, además, argumentó que «siempre se ha celebrado en el centro de la capital, es una tradición histórica». En todo caso, puso sobre la mesa el frente marítimo, que es donde hoy día se hacen los mayores conciertos.

Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife

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Pese a esta descentralización de los actos en la calle, las críticas han continuado entre los vecinos, aunque por el momento no han retomado la batalla judicial. El Ayuntamiento santacrucero ha tomado otras medidas como limitación de horarios, perimetración de espacios o cambios en la disposición del sonido. Medidas que la mayoría de ciudades que han tenido problemas con sus fiestas han replicado y que, aun así, se han seguido produciendo quejas.

Plataforma contra el ruido

Medidas correctoras es precisamente lo que piden vecinos de Carabanchel, en Madrid, durante las fiestas de San Isidro, que se celebran en mayo. El año pasado decidieron constituir una plataforma contra el ruido, quienes han llegado a afirmar que se trata de «una tortura». En las pancartas de una manifestación que celebraron durante la última edición podría leerse «sí a la pradera y a la romería, no a 15 días de parque de atracciones, macroconciertos, botellódromo e insalubridad».

Estas afirmaciones son similares a las de los vecinos denunciantes de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, han repetido en numerosas ocasiones -han denunciado los conciertos, no la cabalgata o las galas y concursos-. Todo pese a que el Ayuntamiento de la capital grancanaria ha tomado medidas. Por ejemplo, en la edición de este año cambiaron la orientación de los escenarios de La Luz y el mercado del Puerto para redirigir el sonido.

Zaragoza, con las Fiestas del Pilar; Bilbao con la Aste Nagusia; Barcelona durante la Mercé; y Pamplona con Sanfermines, son otras ciudades españolas donde los vecinos han denunciado públicamente festejos populares. Muchos han recurrido a la creación de plataformas en contra del ruido. Y es que la contaminación acústica es una constante en las ciudades que se ve agravada durante fiestas populares que mueven a miles de personas tensionando así el derecho al ocio y al descanso.

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