Las Palmas de Gran Canaria devuelve 700.000 euros en ayudas al empleo
La reforma laboral dificulta la contratación de los equipos directivos para los programas de formación y empleo

Uno de los programas perdidos daba formación en oficios de la construcción. / Juan Castro
El Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMEF) ha devuelto 713.394 euros a la Comunidad Autonóma correspondientes a dos programas de formación y alternancia con el empleo (PFAE) que tendrían que haberse ejecutado a lo largo del año pasado. Entre ambos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretendía crear empleo y formación a 220 personas, especialmente de colectivos vulnerables.
Bajo el nombre IMEF Construyend2 e IMEF Te Mueve, la idea del área de Empleo era dar competencias profesionales en distintos sectores. El primer programa habría facilitado a los participantes certificados de albañilería y operaciones auxiliares de revestimiento continuos en construcción; y el segundo, en operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas.
Cada programa tendría que haber contado con un equipo docente compuesto por un director, un coordinador, dos docentes y un apoyo administrativo. Según el decreto de devolución de ambas subvenciones autonómicas, el Ayuntamiento tuvo dificultades para hacer las contrataciones del personal necesario por los límites que pone la reforma laboral de 2021 a la contratación temporal.
Contratos vinculados con políticas activas de empleo
Fuentes de la concejalía de Empleo, que dirige José Eduardo Ramírez, indican que la dificultad para contratar a los equipos directivos es un problema común a todos los ayuntamientos de España. La Ley 3/2023 de 28 de febrero de Empleo establece que las entidades sin ánimo de lucro podrán realizar contratos vinculados con políticas activas de empleo, caso de los PFAE. La duración de estos contratos no puede exceder los 12 meses. Esto solo se podían hacer de manera excepcional hasta el 31 de diciembre 2024.
La propia consejera de Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, alertó en febrero del impedimento que ha ocasionado la legislación vigente para ejecutar los PFAE. De León anunció la puesta en marcha de mecanismos para asegurar la operatividad de estos programas. De manera coordinada con la Fecam, la idea será crear una lista de oficial que permitirá a los ayuntamientos tramitar antes del 31 de diciembre los planes que estén ya aprobados por la administración.
El objetivo de esta será dar seguridad jurídica a los ayuntamientos para que puedan ejecutar estas políticas de inserción laboral. Y es que se trata de programas versátiles que en los últimos años han permitido dar formación y cualificación profesional a personas desempleadas de las Islas.
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