El Puerto de Las Palmas recula y aparca la orden de desahucio de la Demarcación de Costas de su edificio

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha dado marcha atrás y ha dejado sobre la mesa la propuesta de inicio del desahucio administrativo de la Demarcación de Costas de Canarias de la cuarta planta de su edificio en el Puerto de Las Palmas, tras los «movimientos» que se han producido en «los dos últimos días», después de que saltara a la luz pública su pretensión.

La presidenta de la institución de los puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, explicó que el crecimiento y organización del personal de la Autoridad Portuaria requiere la recuperación de los 677 metros cuadrados que la Demarcación de Costas ocupa «desde hace más de 20 años» y así se le había trasladado desde hace años.

La sede administrativa del Puerto de Las Palmas, precisó Calzada, está siendo objeto de «un proyecto de rehabilitación y adaptación de las oficinas» que comenzó antes del inicio de este mandato y «llega un momento en el que es necesario el espacio que ocupa el Ministerio de Transición Ecológica». Así se le trasladó a la Demarcación de Costas «hace un año», agregó durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Administración, «y dijeron que se iban a un espacio del Estado».

Conflicto de espacios

Sin embargo, según relata Beatriz Calzada, este traslado no se produjo y cuando se les preguntó por ello respondieron «que no tenían intención de irse».

Este es el motivo por el que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas incluyó en el orden del día de la reunión de este jueves 26 de marzo el inicio del trámite para el desahucio administrativo, dando diez días de plazo para abandonar el espacio, argumentando que la Demarcación de Costas no dispone de un documento que acredite el derecho a permanecer allí.

La Autoridad Portuaria y la Demarcación de Costas de Canarias dependen de dos ministerios diferentes; mientras la primera forma parte de la estructura de Transportes, la segunda está en la del Ministerio de Transición Ecológica. Beatriz Calzada, que evitó responder a la pregunta de cómo era posible que la liberación de la cuarta planta del edificio de la Autoridad Portuaria no se resolviera internamente entre estas dos carteras, señaló que se ha decidido dar un más tiempo para que Costas encuentre «una fórmula para que se puedan trasladar», aunque no se ha determinado un plazo para ello.

Más de cuatro millones en seguridad y control

Los procedimientos de desahucios forzosos que sí prosperaron fueron los relacionados con cuatro barcos viviendas del Muelle Deportivo, el Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario, que suman 34 procedimientos, aunque se han notificado las órdenes de desalojo a unos 70 propietarios, que es el paso previo.

Otros de los asuntos que sí se aprobaron en el Consejo de Administración fueron la vía libre para licitar tres proyectos. Por un lado, la canalización y protección de los cables de las grandes grúas de las terminales de contenedores para mejorar la seguridad de los trabajadores, con una inversión de 2.037.272,55 euros. Con 1,5 millones, por otro lado, se pretende contratar los servicios de implantación y mantenimiento de software para la gestión de controles de acceso a las instalaciones de todos los puertos de la Autoridad Portuaria, tanto de Lanzarote, como Fuerteventura y Gran Canarias. Y, por último, la adquisición de un vehículo de rescate con brazo articulado para el servicio de prevención y extinción de incendios, salvamento, rescate y protección civil en el Puerto de Las Palmas, para lo que se ha previsto un coste inicial de licitación de un millón de euros.

Prórroga del convenio con Gesport

Asimismo, se prorrogó un año más el convenio de buenas prácticas con Gesport Terminal Marítima, lo que permite a la empresa aprovechar las bonificaciones en la tasa de actividad.

Por otro lado, Beatriz Calzada anunció que el Juzgado ha reconocido recientemente en una sentencia que el administrador del centro comercial Sotavento, en el Muelle Deportivo, adeuda a la Autoridad Portuaria 250.000 euros por el canon impagado, aunque los procesos judiciales para desalojar esta infraestructura aún están a la espera.

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