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La Fiscalía archiva la denuncia por corrupción en el concurso del Paseo Guiniguada

El Ministerio Público descarta responsabilidades penales por parte de la alcaldesa o el concejal de Urbanismo, pero abre la vía contenciosa ante posibles irregularidades administrativas

El arquitecto Sergio Portela, del despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects, en rueda de prensa.

El arquitecto Sergio Portela, del despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects, en rueda de prensa. / Efe / Ángel Medina G.

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia presentada por Portela International Arts & Architects, uno de los finalistas del concurso para renovar el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, que atribuía presuntos delitos de corrupción a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque. El Ministerio Público descarta responsabilidades penales, pero deja la puerta abierta a una impugnación por la vía contenciosa al advertir posibles irregularidades administrativas en el desarrollo del certamen.

El escrito solo ve como indicios de relevancia las condiciones técnicas del proyecto ganador y la posible existencia de relaciones interpersonales entre los miembros del jurado por trabajar en la misma universidad, pero no lo ve suficiente, "sin perjuicio de que tales irregularidades puedan ser planteados ante la jurisdicción realmente competente".

El equipo, que recibió la puntuación más baja por parte del jurado, cuestionó que el concurso había sido amañado y partía de una "intención de adjudicación previa" al proyecto AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura, que resultó ganador con un presupuesto de 1,57 millones de euros. La denuncia apuntaba a una "extensa relación de irregularidades" y hechos que, sostenían, debían suponer la anulación del proyecto y la vuelta a la casilla de salida.

Portela atribuía delitos de prevaricación y malversación a Carolina Darias y al edil Mauricio Roque

En concreto, la firma atribuyó presuntos delitos de prevaricación administrativa y de fraude contra la administración pública a Darias y Roque; tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada a la alcaldesa y a los representantes de MPC Arquitectos Flora Pescador Monagas, Jin Javier Taira y Vicente Mirallave; y malversación de caudales públicos a Roque, acusado de destinar fondos municipales mediante cargos paralelos y adjudicaciones irregulares a personas y entidades de su entorno.

Por otro lado, reclamó que se investigase la actuación de los miembros del jurado que debían elegir la propuesta ganadora, Miriam García, Jordi Mansilla, Ricardo Devesa y Marina Cervera, debido a sus supuestos vínculos con el estudio de Batlle i Roig. Además, señaló a la responsabilidad de sus impulsores, Enric Batlle y Joan Roig, como adjudicatarios.

Sin embargo, la Fiscalía da por concluida la fase preprocesal tras practicar las diligencias de investigación que consideró oportunas para dirimir posibles responsabilidades penales, descartando la comisión de actos ilícitos, según avanzó Atlánticohoy.

Sin responsabilidades penales

Cabe recordar que, antes de acudir al Ministerio Público, Portela ya reclamó la adjudicación del proyecto mediante un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. Este desestimó sus pretensiones de paralizar la adjudicación como medida cautelar o de retrotraer el procedimiento al momento anterior a la deliberación del jurado, lo que permitió al Ayuntamiento avanzar en el contrato de redacción y dirección del plan.

Uno de los hechos que denunciaba el finalista es la salida de una figura clave del jurado, la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona. Sostiene que esta decisión alteró el órgano de valoración y dejó al jurado sin una voz especializada en la disciplina central del proyecto.

El equipo finalista defiende que el concurso fue amañado para elegir ganador al proyecto AWA

Alegaba, por otra parte, un "trato desigual" en la gestión de la sustitución de finalistas tras las renuncias de algunos equipos seleccionados. El Ayuntamiento permitió el acceso como suplente de Portela, pero en la siguiente renuncia similar no se siguió el mismo criterio, lo que implicó una reducción del número de propuestas.

También critica que la votación popular cuente un 10% pese a que solo hubo 380.436 votos y que la alcaldesa lo tome de referencia para emitir y anunciar su voto como presidenta del jurado.

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