El pleito que dio forma a Bravo Murillo

La reciente aparición de los cimientos del barranquillo de Mata al demolerse el edificio de don Francisco López Pérez, procurador de los tribunales, nos trae a la memoria la serie de pleitos y debates planteados cuando se quiso construir ilegalmente toda aquella fila de casas por mor y capricho de los propietarios de los iniciales solares. Las inundaciones, los agrietamientos y desperfectos a lo largo del último siglo en aquella línea de casas han ocurrido precisamente por el taponamiento sin técnica adecuada y la obstrucción de la hondonada por la masiva edificación en aquel sector.

Haciendo un poco de historia sobre al área levantada, diremos que en donde está emplazada actualmente la calle Bravo Murillo y sus contornos se cultivaban anteriormente extensas huertas plantadas de variada vegetación. En la franja donde se encuentra se extendía una antigua muralla de piedra, paralela al barranquillo de las Rehoyas, y un estrecho camino de tierra que daba paso hacia el castillo de San Francisco y la fortaleza de Mata. El cerramiento, con una puerta que daba acceso al camino del Puerto, obedecía a la necesidad de proporcionar protección a la ciudad y frenar en sus paredones las frecuentes tormentas de polvo de los cercanos Arenales para evitar que la tierra se adentrara en la población. Así permaneció aquel núcleo urbano de Las Palmas durante centurias.

El hospital de San Lázaro era el inicial propietario de toda aquella amplia heredad, que abarcaba además un extenso territorio que ocupaba las amplias lomas escalonadas denominadas hoy como Ciudad Alta, conocidas en los primeros años tras la conquista de la Isla como Montañeta de San Lázaro, así la designaron el ingeniero italiano Leonardo Torriani en su informe de 1592 enviado al Rey, y Próspero Casola en su mapa de 1599.

Al paso de los años se documenta que el amplio sector más próximo al barrio de Triana pasó a formar parte de tres importantes mayorazgos, el de los Lezcano-Mujica y los de las familias del Río y Hernández de Quesada, transmitiendo en sus respectivas descendencias y herederos a través de los siglos sus respectivos cuerpos de bienes. El entorno de Bravo Murillo quedó en poder durante varias centurias de esta última estirpe, que lo va a disfrutar de 1680 a 1861 Estos propietarios vinculantes agregaron en enero de 1726 a su cuantiosa heredad nuevos solares y cercados que adquirieron del hospital de San Lázaro, en las compraventas que el sanatorio tenía que realizar para obtener fondos y poder cubrir las necesidades del establecimiento. El gran cercado de Bravo Murillo, conocido entonces por los Tarahales, de 56 fanegadas, se adjudicó a Francisco García de Quesada. Su precio se ajusta en 240 reales, entonces una suma considerable.

En el primer tercio del siglo XIX los herederos de esta fortuna se encontraban establecidos en la ciudad americana de Chichigalpa, en la zona occidental de la región del pacífico de Nicaragua. Años más tarde de aquella iniciada centuria llegó la desamortización del ministro Mendizabal, que acabó también con el sistema vinculante, ya que el Estado declaró libres los bienes sujetos a los mayorazgos. A raíz de este proceso, los herederos de todas estas inmensas propiedades perdidas acuden a los notarios para aceptar aquella trágica disposición y, además, poder reclamar la llamada mitad reservable que les quedaba de libre designación para inmediatamente ponerla a la venta.

La venta de los Tarahales y el pleito por la deuda

El 9 de abril de 1861, y ante el cónsul de España en Nicaragua, se legaliza la autorización que los Quesada otorgan a don Esteban Manrique de Lara y García, alcalde que había sido de Las Palmas, para que se encargara de la venta de los solares de Bravo Murillo, que era la parte de la heredad que les había quedado disponible, y se pone el siguiente anuncio en los periódicos:

«Se vende el cercado de los Tarahales, junto al barranquillo de Mata fuera de la antigua portada de Triana, compuesto de 9 fanegadas de tierra, con su noria, estanque y agua del heredamiento de Triana. Dará razón de todo el Dr. D. Antonio Lopes Botas».

El 15 de agosto de 1861 y ante la escribanía de don Manuel Sánchez, don Esteban Manrique de Lara vende al señor Miguel Ripoche Hernández el gran cercado de los Tarahales, con todos sus accesorios y dependencias. El precio se ajusta en 1.012 reales con 75 céntimos (lo que sería hoy un euro y 52 céntimos, aproximadamente).

Poco después ocurre que el volumen de los negocios de Ripoche, los pagos fraccionados que se comprometía a liquidar y las grandes fiestas sociales que organizaba en el consulado francés que desempeñaba, fueron llenándole de deudas. Comenzó a solicitar préstamos de dinero a parientes, conocidos y a prestamistas privados que con un alto porcentaje facilitaban el dinero. Ya habían desaparecido los pesos y reales y desde 1868 las transacciones se realizaban en pesetas.

Entre las ayudas recibidas obtuvo un préstamo de 50.000 pesetas (300 euros) que le facilitó el vecino de Tafira don Francisco Hernández Suárez. Se habían pactado los intereses y el tiempo en que se tenía que saldar el crédito, pero ya eran tiempos en que don Miguel Ripoche estaba enfermo, en plena bancarrota y completamente solo y abatido.

El nuevo propietario murió la noche del 1 de abril de 1884, a los 67 años de edad. Dejó su patrimonio a su único hijo, soltero, residente en París, por lo que resultaba lógico que los perjudicados buscaran la manera de resarcirse del préstamo y los intereses generados que ahora les resultaba muy difícil de obtener, y optaron por la vía judicial.

Instruido el procedimiento en la Audiencia, el letrado Domingo Martínez Navarro, Juez de Primera Instancia, hace saber que el procurador don Vicente Martínez de Velasco en representación del vecino de Tafira, don Francisco Hernández Suárez, se querella contra don Diego Ripoche Torrens, «como heredero y único representante de su difunto padre don Miguel Ripoche Hernández», para cobrar la deuda, y ante la falta de liquidez, ordena que salgan en pública subasta los siguientes bienes que se expresan:

«Una trozada de tierra situada en la ciudad, barrio de los Arenales, llamada cercado de los Tarahales, que linda en su totalidad al Norte con servidumbre de entrada que conduce a terrenos nombrado y que los separa de otros cercados llamados los Perules, propiedad del referido Don Miguel Ripoche».

El terreno asignado abarcaba hasta donde luego se construyó el cine Capitol, cuyo muro que cerraba el lindero llegó hasta los años cincuenta del pasado siglo. Hacia el Naciente, la propiedad lindaba con la calle León y Castillo, y al Norte con la raya divisoria que llegaba a la altura de la hoy calle Murga.

Adjudicado lo subastado a don Francisco Hernández, que era de todos el más perjudicado, el nuevo propietario, sin desvincularse de su entorno tafireño, quedará avecindado en la capital. En su descendencia quedarán adjudicados los solares que se van delimitando para repartirse entre sus hijos.

La adjudicación de los extensos terrenos que ahora posee la familia Hernández de Tafira en zona tan privilegiada de la capital grancanaria y su deseo de construir sus nuevas residencias en aquellas magníficas parcelas hizo que el Ayuntamiento también mostrara interés en ocuparse de la zona y publicara un edicto, el 16 noviembre de 1897, comunicado que la corporación, «teniendo en cuenta el incremento que va tomando la ciudad, se esforzará para poner de su parte cuanto sea preciso para embellecer el Paseo de los Castillos, acordando ensanchar el estrecho camino para convertir aquella zona en uno de los sitios más hermosos de la ciudad, y el único, quizá, con capacidad suficiente para paseos y demás actos recreativos. Aquel paseo con el nuevo ensanche, -sigue diciendo la Corporación- con las preciosas vegas de los Arenales al norte, con el elegante cuartel de artillería que corona la montaña de Mata al poniente, con vistas al mar, y llamado en su día a ser el paseo favorito de la sociedad, merece la máxima atención por parte del Municipio, a fin de que tan hermosa avenida deje de ser un pedazo de carretera mal cuidada y se convierta en un paseo delicioso, con árboles y sitios para el descanso en toda su longitud». En consecuencia a este deseo, la corporación municipal quiere un trozo de aquel terreno para trazar la actual calle de Bravo Murillo, y decreta en 1897 una expropiación forzosa que compensa con la cantidad de 170 pesetas (lo que sería hoy un euro y dos céntimos).

La urbanización sobre el barranco de Mata

En esta última fecha los nuevos propietarios comienzan a solicitar las licencias correspondientes para la construcción de tres edificios. Son conscientes que sus deseos van a originar controversias por las complicaciones urbanísticas que podrían producirse al querer iniciar la serie de fábricas sobre el cauce natural del barranquillo de Mata, en el desnivel brusco de la superficie del terreno y encima de toda aquella hendidura de tierra por donde corría el agua desde las altas montañas hasta la ribera del mar.

Las reiteradas propuestas de los peticionarios son estudiadas con mucho detenimiento en los sucesivos plenos municipales. Para el ensanche y el deseo de los Hernández de construir sobre el cauce del barranquillo de Mata, era necesario conocer la opinión de los técnicos, y las consultas a los arquitectos municipales y a otros departamentos. En agosto de 1899 el arquitecto municipal Laureano Arroyo y Velasco emite al fin su consentimiento y aprueba los planos (hoy perdidos en los archivos municipales). No todos los sectores críticos de la población aceptaron la determinación del consistorio, que aprobaba que se entullase para siempre el cauce y se hiciesen encima las casas.

El linde con la nueva y ancha avenida proyectada iba a ser la calle Colmenares, como se puede observar por el corto trazado de las manzanas levantadas entre esa calle y Bravo Murillo. Y, además, cuando la citada calle Colmenares llega al límite de Canalejas, se corta y no puede proseguir porque ya están construidas sobre la barranquera la serie de nobles casas de los Hernández, quienes se habían negado a que sus hermosas mansiones tuvieran delante de sus fachadas un antiestético y molesto barranquillo que desentonaba con el refinamiento que pretenden imprimir al conjunto de sus nuevas residencias. Una vez cometida la irregularidad urbanística, por aquello de que lo viejo no se toca, ya no se pudo evitar que en lo sucesivo se continuara la misma alineación para las demás edificaciones que siguieron levantándose.

Con el trazado del nuevo paseo e iniciarse las construcciones, enseguida el pueblo lo bautizó popularmente con la denominación de Camino Nuevo. Y en un pleno municipal celebrado en septiembre de 1906, a propuesta del concejal Cayetano Inglott Ayala, el tránsito se rotuló definitivamente con el nombre de Bravo Murillo. Con la nueva filiación se quiso perpetuar la memoria del extremeño, Juan Bravo Murillo, que promulgó en 1852 la Ley de Puertos Francos, un beneficio de medidas económicas que liberaliza las entradas y salidas de mercancías del Archipiélago, impulsando desde entonces la economía de nuestras Islas.

Ajardinados los parterres del nuevo tránsito con frondosos árboles, comenzaron a instalarse varios establecimientos de notoria actividad, como el Escuadrón de Caballería, la Cruz Roja Española, la Delegación de Hacienda, la clínica del doctor Ponce Arias y las oficinas del Instituto Canario de Estudios Económicos. En donde más adelante levantó su sede el Cabildo Insular de Gran Canaria, se había instalado la famosa gallera, en la que se practicaban con gran éxito y afición las peleas de gallos ingleses (hoy no son gallos ni gallinas los que dentro de sus muros pelean por gobernar Gran Canaria, como debe de ser). Con los años, nuevas industrias también eligieron aquel enclave para sus actividades, como la oficina central de Iberia, la estación de Aicasa y la Comandancia de Artillería.

Esta es la historia.

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