Los sindicatos Co.Bas, Csif, CC OO y UGT denuncian el traslado "irregular" del personal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria a otro municipio tras la borrasca 'Therese'
Los cuatro sindicatos aseguran que el traslado de los operarios de Limpieza a Agaete se produjo después de que la UME se retirara
Operarios del servicio de Limpieza, en Agaete. / La Provincia
Los sindicatos Co.Bas, CSIF, CCOO y UGT han denunciado el traslado «irregular» de trabajadores del Servicio Público de Limpieza fuera del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria durante la jornada del pasado 27 de marzo, varios días después de que se levantara la alerta por la borrasca Therese, en concreto al municipio de Agaete.
Subrayan que la decisión se adoptó «sin aviso previo, sin procedimiento, sin cobertura legal y sin consulta a la representación de los trabajadores, vulnerando de forma directa los estatutos del propio Órgano Especial de Administración».
En el comunicado remitido a los medios destacan que «cualquier actuación fuera de este ámbito territorial requiere convenios formales, acuerdos administrativos o modificaciones estatutarias, ninguno de los cuales existe en este caso».
El traslado, continúa el documento, se produjo cuando la alerta por la borrasca «ya había sido desactivada» y la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido retirada de las calles al considerarse que ya no era necesaria su intervención; por lo que no entienden que «si la propia UME, un cuerpo especializado en emergencias, se retira porque la situación está controlada, el personal municipal sea enviado a limpiar una playa en otro municipio».
Los cuatro sindicatos exponen que la plantilla trabajó «sola, sin coordinación institucional visible y sin equipos municipales del propio municipio afectado», lo que a juicio de los portavoces de los operarios de limpieza «refuerza la sensación de improvisación, falta de planificación y ausencia total de un marco de colaboración formal entre administraciones».
Por todo ello, Co.Bas, Csif, CCOO y UGT solicitarán la apertura de un expediente informativo y exigirán la depuración de responsabilidades. Además, trasladarán los hechos a las instituciones competentes «para que no se repitan actuaciones fuera del ámbito estatutario».
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