La cultura se protege, no se llora

En un artículo publicado hace más de un año en este mismo diario denunciaba la inquietante indiferencia con la que parece que se trata a nuestro patrimonio histórico desde algunos sectores. En el mismo me centraba en el preocupante caso del inmueble situado en la calle Cano, 12, en nuestra capital, y actual propriedad de Grupo Satocan S. A., cuya protección y conservación peligra cada vez más. Tras la apariencia de una supuesta conservación–ese reiterado propósito de conservar, restaurar, consolidar y rehabilitar con el que tanto se insiste–parece esconderse, en realidad, un simple afán de remodelar, ergo destruere: es decir, destruir. En su momento señalé que el valor histórico del inmueble ha quedado acreditado tanto en la prensa como en un informe pericial que señala que «todo es excepcional» en cuanto a los materiales y sistemas constructivos empleados en la vivienda, amén, por supuesto, de la multitud de relaciones históricas a nivel regional (sirviendo de cenáculo artístico para literatos como Tomás Morales o Alonso Quesada) e internacional (por ejemplo, con visitas del compositor francés Camille Saint-Saëns) que convergieron en ella.

El problema parte de una sorpresiva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de hace más de un año, fundamentándose en que el inmueble, recogido en la ficha VT-053 del Catálogo de Protección, debe pasar de un grado de protección integral–el nivel más alto contemplado por la normativa municipal–a otro de protección ambiental, o lo que vulgarmente conocemos como «protección de fachada». Inesperadamente, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC señaló que no queda acreditada la existencia de valores artísticos, edificatorios, etnográficos o ambientales excepcionales que amparen ese grado de protección máxima que siempre ha tenido el inmueble. E insisto: si el pavimento de ladrillo hidráulico del patio principal–obra de Néstor Martín‑Fernández de la Torre (autor de los lienzos del Teatro Pérez Galdós), encargado por los entonces dueños de la casa, el industrial Cástor Gómez Navarro y su esposa Ana Bosch i Sintes, para celebrar el enlace de hija Margarita con José Mesa y López–no tiene un valor histórico indiscutible, ¿qué lo tiene entonces? No entiendo cómo se puede hablar de «conservación» cuando en pleno centro de ese tesoro artístico irremplazable sigue abierto un agujero de más de un metro (visible por la gran cerradura de la puerta de la calle), ahora relleno de hormigón. ¡Cuántas ruinas y estragos no esconderá la casa, vedados al limitado alcance de los ojos del viandante!

Pues bien, ahora el pleno municipal del Ayuntamiento ha iniciado la modificación del Plan Especial de Vegueta-Triana con el fin de ejecutar la sentencia que cuestiona la protección de dicho histórico inmueble; una resolución que, además, desatiende el informe pericial que en su momento fue encargado y posteriormente admitido. Todo ello sin mencionar la amplia cobertura periodística y las protestas y recursos iniciados hace más de una década, con eco incluso a nivel nacional, cuando se pretendió levantar un centro comercial. Incluso entonces dichas noticias y acciones alertaban, con preocupación, sobre la vulneración de la integridad física de otro inmueble histórico que, aunque distante, cualquiera puede apreciar incluso desde lejos.

Recuerdo que el 5 de junio de 2018 fue el mismo ayuntamiento capitalino quien desestimó como ‘improcedente’ la segunda solicitud de Grupo Satocan de cambiar el grado de protección de dicho inmueble de ‘integral por parcial… para conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación’. Desconociendo las verdaderas razones de este interesantísimo cambio de actitud en 2026, no puedo sino escribir estas líneas con estupefacción. ¿Por qué el Ayuntamiento no mantiene una postura coherente y defiende nuestro patrimonio? ¿No cabría esperar un recurso a dicha sentencia al menos por parte del consistorio, como en su momento realizaron en 2016 la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Canarias (Depaca) y la Federación de Vecinos El Real de Las Palmas, para proteger dicho inmueble?

Hace unos días, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria derramó lágrimas porque nuestra capital quedó finalista como Capital Europea de la Cultura 2031, selección que me llena de alegría. El proyecto de nuestra ciudad, titulado Rebelión de la Geografía, se basa en «la integración del arte, la cultura y el conocimiento en la vida de las personas». Teniendo la situación que nos ocupa en cuenta, y la aparente desidia con la que se trata a nuestro patrimonio, ¿hasta qué punto estamos realmente comprometidos con la conservación de ese arte, esa cultura y ese conocimiento? ¿No es esto, precisamente, otro de esos flagrantes ejemplos de hipocresía cultural que todos conocemos y que se barren bajo la alfombra en nombre de la gran retórica oficial?

Con la administración de nuestra parte o no, lo más importante es preguntarnos dónde estamos nosotros. No todo es pan y circo, y la charanga y la pandereta es caduca. Este caso del inmueble modernista de la Calle Cano puede parecer un caso distante para muchos de los lectores, un caso en concreto sin impacto inmediato. Y lo mío parecerá a muchos una divagación. Pero si levantamos la lupa de este granito de arena nos daremos cuenta de la existencia de otros casos similares al que nos concierne, y al final nos percataremos de la montaña ante nosotros. Hay realidades mucho más concretas que merecen protección, y es en ellas donde deberíamos centrarnos. Este caso mediático es, sin duda, una de ellas. Despertemos: la cultura se protege, no se llora.

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