La Justicia tumba el cese de la exdirectora de Recursos Humanos de Las Palmas de Gran Canaria

La Justicia tumba el cese de la exdirectora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Gutiérrez Triano. El Contencioso-administrativo ha dictado una sentencia que condena al Consistorio capitalino y reconoce el derecho de esta funcionaria de carrera a reincorporarse a su puesto de trabajo. Gutiérrez Triana se incorporó a su puesto en noviembre de 2023 y fue cesada el 15 de abril del año pasado con el argumento de una supuesta falta de cumplimiento de objetivos y en la necesidad de dar un "nuevo impulso" a la dirección del departamento.

El juez le ha dado la razón a Gutiérrez Triano, quien argumentó en su defensa que el Ayuntamiento carecía de motivos y que la causa que expuso para su cese "no obedece a la realidad". Además de anular el cese y de reconocer el derecho a incorporarse a su puesto, la sentencia condena al Consistorio a pagar todas las mensualidades que ha dejado de percibir la funcionaria, más intereses -este puesto está remunerado con un sueldo anual de 77.396 euros brutos-.

Junta de Gobierno del 27 de marzo

La sentencia recoge que las consideraciones que dio el Consistorio están "huérfanas" de argumentos para sostener el cese. Según el documento, existe "falta de toda prueba" en la orden que recibió el visto bueno de la Junta de Gobierno del 27 de marzo de 2025. Precisamente, cuestiona la urgencia con la que el Ayuntamiento fulminó a la funcionaria. La orden de despido no estaba prevista en dicha en Junta y se tramitó en apenas 20 minutos la tarde anterior "sin una justificación" que motivara su inclusión por la vía de urgencia y luego se pospusiera 15 días.

La Justicia dicta que hay «falta de toda prueba» en la orden que dictó el Consistorio para ejercer el despido

La demandante apuntó que no existían "objetivos concretos preestablecidos, medibles, alcanzables, reales y probados", tampoco fechas que debieran ajustarse a un cronograma. El Consistorio basó este supuesto objetivo en los límites establecidos en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Dicha normativa establece que las administraciones tenían hasta el 31 de diciembre de 2024 para finalizar el proceso de estabilización.

El Ayuntamiento capitalino indicó que era "un hecho cierto" no se había conseguido el objetivo marcado en la citada ley en el momento de ordenar el cese de la directora de Recursos Humanos. De las 1.000 plazas que estaban pendientes de estabilizar, solo una había sido objeto de resolución. De ahí que consideraran "conveniente y necesario" un cambio en la dirección general que posibilitara impulsar el proceso de estabilización. En cambio, la funcionaria argumentó en la denuncia que su trabajo no estuvo bajo una "evaluación efectiva" del mismo.

El Ayuntamiento deberá abonarle todas las mensualidades que dejó de percibir desde abril del año pasado

Por otro lado, el juez rechaza la argumentación de libertad de cese por parte del Ayuntamiento. Gutiérrez Triano fue designada como personal directivo profesional al amparo del artículo 13 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En este caso, los argumentos que dio el Consistorio no son los que contempla la jurisprudencia para este tipo de nombramientos. Los motivos que dio el Consistorio podrían haber tenido sentido en caso de haber sido designada como asesora o personal de confianza.

Inversión de la carga de la prueba

La sentencia también habla de la inversión de la carga de la prueba por parte del Consistorio. Según el juez, le correspondía a la administración argumentar la justificación del cese, al tiempo que censuró que pretendieran que fuera el trabajador quien demostrara que los motivos de su despido eran falsos, cuando ni siquiera había pruebas.

El puesto de directora general de Recursos Humanos fue cubierto al poco tiempo del cese de Gutiérrez Triano, defendida por Saúl Quesada, del despacho de Milicua Ramos. La licenciada en derecho María Teresa Rodríguez tomó posesión del cargo el 11 de junio del año pasado, tres meses después del despido de su antecesora. Desde entonces, el proceso de estabilización ha continuado, de tal manera que la mayoría de procesos se han cerrado.

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