El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre la sentencia que tumba el despido de la exdirectora de Recursos Humanos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrirá la sentencia que anuló el cese de su exdirectora de Recursos Humanos, al considerar que el fallo se basa en cuestiones de forma
Ana Gutiérrez Triano, exdirectora de Recursos Humanos (cuarta por la izquierda), en una reunión. / Ayuntamiento LPGC
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció este miércoles que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia que anula el cese de la exdirectora general de Recursos Humanos, Ana Gutiérrez Triano. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo dictaminó que el Consistorio carecía de motivos para destituirla supuestamente por incumplir objetivos y no haberle dado el impulso necesario a la estabilización del personal público municipal.
El Consistorio discrepa de este fallo emitido por el juez. Según un comunicado remitido a los medios, la sentencia se fundamenta "exclusivamente" en cuestiona de forma, que no comparte, y "no desvirtúa los motivos de fondo que justificaron la decisión". El dictamen judicial condena al Ayuntamiento a pagar el salario que la exdirectora ha dejado de percibir desde su despido el 15 de abril de 2025 y abre la posibilidad de que esta se reincorpore al puesto.
Motivos "sólidos y justificados"
El comunicado remarca que la sentencia se basa en la supuesta "abrupta" tramitación del expediente y en la ausencia de pruebas que justificaran el despido. El Consistorio califica estos argumentos de "un reproche meramente procedimental". Según estos, el juez no entra a valorar las causas que el Ayuntamiento tuvo para justificar el cese, basándose en una pérdida de confianza y en el "grave incumplimiento" de los objetivos.
El Ayuntamiento reitera que los motivos del cese fueron "sólidos y justificados". De ahí que hayan decidido presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Consistorio confía que los fundamentos que utilizan son sólidos y esperan que la instancia superior pueda revocar la decisión tomada por el juez.
El Consistorio basó su justificación en la escaso avance del proceso de estabilización. De las 1.000 plazas que estaban pendientes, solo había sido objeto de resolución una. De ahí que consideraran "conveniente y necesario", según recoge la sentencia, aplicar un cambio en la dirección general que posibilitara impulsar el proceso.
Gutiérrez Triano argumentó que no existían "objetivos concretos, medibles, reales y probados". Además, el juez subraya que la exdirectora como designada como personal directivo y no como asesora o personal de confianza, por lo que no cabe el argumento de libertad de cese. También rechaza la urgencia con la que se tramitó, en solo 20 minutos.
Reacciones. El PP censura la política de personal de Carolina Darias
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, afirmó que el fallo que tumba el cese de la exdirectora de Recursos Humanos evidencia el fracaso de la política de personal de la alcaldesa, Carolina Darias. También apuntó que el área de Recursos Humanos ha estado marcada por la improvisación, el conflicto y la falta de capacidad de gestión. Delgado indicó que la sentencia demuestra que el expediente carecía de motivación material suficiente. “A día de hoy ese proceso [de estabilización] sigue sin concluir y está fuera del calendario legal inicialmente previsto, por lo que es evidente que el problema no era solo de la directora general”, resaltó, "no ha sido capaz ni de ordenar la casa".
“La estabilización no se culminó en plazo, la provisión de puestos sigue arrastrando retrasos, la estructura municipal continúa tensionada y, mientras tanto, el gobierno se dedica a tomar decisiones improvisadas que luego los tribunales corrigen”, sostuvo Delgado. A esta situación se suma, recordó la portavoz popular, la reciente sentencia que obliga al Ayuntamiento a evaluar al personal municipal y a abonar la productividad pendiente con efectos retroactivos desde 2021, un fallo que representa un coste de unos 11 millones de euros para las arcas municipales. “Estamos hablando de otra resolución gravísima”, afirmó Delgado.
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