El Consultivo anula el convenio para trasladar la gasolinera del cementerio de Las Palmas a Siete Palmas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ve anulado el convenio urbanístico que permitía el traslado de una gasolinera, tras el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
Rotonda de Siete Palmas donde están las parcelas en disputa entre dos petroleras. / ANDRES CRUZ
La conocida como 'guerra de las gasolineras' entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Disa, por un lado, y Pedruzcos Oil, por otro, escribe un nuevo capítulo. El Consejo Consultivo de Canarias declara nulo el convenio urbanístico expropiatorio que permitía el traslado de la gasolinera que existe junto al cementerio de Las Palmas a la recta del cementerio de San Lázaro, en Siete Palmas. Este organismo autonómico subraya que el acuerdo no es conforme a derecho, argumentando que los terrenos debieron ser cedidos gratuitamente y que se incumplieron procedimientos legales.
El convenio, suscrito en marzo de 2015 entre el Ayuntamiento y Disa, permitía al Consistorio adquirir la parcela trasera del cementerio de Vegueta, donde hoy se encuentra una gasolinera. Con esta operación, la idea era abrir la calle Eufemiano Jurado hacia la Avenida Marítima. Posteriormente, en 2017 compesó a la petrolera con una parcela en Siete Palmas, junto a la rotonda que da acceso a San Lázaro, en un suelo que tenía reservado un uso deportivo.
Proceso expropiatorio
La parcela escogida en Siete Palmas está ubicada de forma paralela a otra propiedad de Preduzcos Oil, quien también pretendía instalar allí una gasolinera. El problema surgió cuando Urbanismo planteó expropiarle el terreno a esta última para construir un aparcamiento. Comenzó entonces una larga batalla judicial. De hecho, el TSJC validó a principios de año los cambios en el plan general y el acuerdo con Disa, así como la denegación de licencia a Pedruzcos Oil.
Ahora el Consultivo ha dictaminado que el Ayuntamiento capitalino no transitó debidamente las fases del proceso expropiatorio. Según el dictamen, la administración se saltó la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación, de tal manera que el convenio se aprobó antes de comenzar formalmente el expediente, por lo que el mismo quedó sin la cobertura legal prevista en el Ley de Expropiación Forzosa.
Por otro lado, el Ayuntamiento usó un procedimiento inadecuado. El dictamen califica que la administración cometió un "flagrante incumplimiento" de la legislación vigente, al seguir la figura de un convenio urbanístico en lugar de expediente expropiatorio. Este dictamen ha sido emitido a petición de la alcaldesa, Carolina Darias, para resolver el procedimiento.
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