Movilidad
Cómo evitar disgustos en la zona azul de Las Palmas de Gran Canaria: llega una guía práctica para resolver dudas
Una guía municipal detalla el funcionamiento de la tasa por estacionamiento regulado para prevenir sorpresas tras aparcar en la vía pública

Parquímetro para la zona azul en Las Palmas de Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado una guía oficial para explicar el uso de uno de los servicios más cotidianos de la capital, la zona azul y verde, sin incurrir en recargos ni iniciar procedimientos administrativos. El documento, accesible a través de la Oficina Virtual Tributaria, detalla paso a paso el funcionamiento de la tasa por estacionamiento regulado, desde el pago inicial hasta las vías de regularización, y sirve para evitar sorpresas o disgustos tras aparcar en la vía pública.
Pagar en el momento: la clave para no entrar en el sistema de recargos
La ordenanza municipal fija un principio básico: el pago del parquímetro debe realizarse en el mismo momento en que se estaciona el vehículo. De manera formal, se trata de una autoliquidación que incorpora la matrícula y el tiempo de uso, ya sea a través de los parquímetros o mediante la aplicación LPA Park. Este detalle es la clave para que todo salga bien, ya que cualquier error en ese primer paso —desde no abonar la tasa hasta introducir mal la matrícula— puede derivar en una regularización posterior o en una liquidación de oficio.
Titular del vehículo y excepciones previstas en la ordenanza
La obligación de pago recae, con carácter general, en la persona titular del vehículo según los registros de la Dirección General de Tráfico, aunque la normativa contempla que se pueda identificar al conductor efectivo si no coincide con la titularidad. La guía también delimita los supuestos en los que no se exige el abono de la tasa, lo que incluye determinados vehículos y servicios en condiciones específicas, con el objetivo de evitar interpretaciones erróneas que puedan acabar en reclamaciones.

Un parquímetro en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz / LPR
Regularizar a tiempo evita costes mayores
Uno de los puntos centrales del documento es la regularización voluntaria, un mecanismo que permite corregir situaciones como haber superado el tiempo abonado o no haber obtenido tique. La clave está en actuar dentro de los plazos establecidos, que varían en función del tipo de incidencia, y hacerlo a través de los mismos canales de pago, ya sea el parquímetro o la aplicación móvil. En términos generales, el sistema permite este abono en las horas inmediatamente posteriores. La guía precisa que estos supuestos llevan asociados importes reducidos, lo que permite cerrar la incidencia sin activar un procedimiento administrativo más complejo y costoso.
Qué ocurre si no se actúa: procedimiento y garantías
Si no se realiza ni el pago inicial -el que se hace al aparcar- ni la regularización en plazo, llegan los problemas. A partir de ahí, el Ayuntamiento inicia una liquidación conforme a la normativa tributaria. El documento publicado en la Oficina Virtual Tributaria insiste en diferenciar este escenario del régimen sancionador: no se trata de una multa de tráfico, sino de un procedimiento administrativo que incluye notificación previa, acceso al expediente y la posibilidad de formular alegaciones en un plazo de diez días. Además, las personas usuarias pueden solicitar las imágenes del estacionamiento, lo que introduce un elemento de verificación antes de cualquier recurso.
Evitar errores y ganar margen de actuación
La guía municipal -a la que se puede acceder a través de este enlace (PDF)- se plantea como una herramienta de servicio para reducir incidencias en el uso del estacionamiento regulado. En la práctica, el sistema deja poco margen para el error en el momento inicial, pero sí ofrece vías para corregirlo si se actúa a tiempo. El Ayuntamiento sostiene que este enfoque, apoyado en la autoliquidación y la regularización voluntaria, busca ordenar el uso del espacio público, facilitar la rotación de vehículos y evitar que incidencias menores acaben derivando en procedimientos con mayor carga económica.
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