Inmaculada Medina tras declarar ante el juez por el 'caso Valka': "Por fin puedo respirar tranquila"
La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria niega su implicación en la supuesta trama de corrupción y asegura que no tenía amistad con el resto de investigados

La Provincia

La exconcejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, declaró en la mañana de este martes ante el juez para negar su implicación en el 'caso Valka'. "Hoy, por fin, puedo respirar tranquila", aseguró a su salida de la Ciudad de la Justicia, momento en el que se paró a hablar con los medios de comunicación para defender que no mantenía una amistad con el resto de investigados en la presunta trama de corrupción municipal, sino una "relación social" similar a la que tenía con el resto de empresas con las que interactuó durante su etapa en la administración pública.
El magistrado Rafael Passaro Cabrera investiga si cometió delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude. La exedila, que dimitió el pasado mes de noviembre tras la ampliación de la querella, anunció a su llegada junto a su abogado, José Ángel Cruz, que actúa "con la conciencia tranquila" porque su intención es defender su inocencia.

La exconcejala Inmaculada Medina junto a su abogado, José Ángel Cruz, a su entrada la Ciudad de la Justicia. / José Carlos Guerra
Medina quiso agradecer al juez que acordase el aplazamiento de su comparecencia, prevista inicialmente para el 20 de marzo pero que se suspendió por motivos de salud. "Estoy tranquila de haber colaborado y de haber contestado a todas las preguntas, tanto del fiscal como del juez, y ahora será lo que decida la Justicia", subrayó.
La exconcejala aseguró que su intención ahora es "cumplir" con los requerimientos del magistrado y seguir con su "vida normal". "Como digo siempre y como anuncié cuando renuncié a mi acta de concejal, tengo la conciencia tranquila y mirando de frente a todo el mundo porque no tengo nada que ocultar", añadió.
El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, pidió la adopción de medidas cautelares para limitar su movilidad, como la retirada del pasaporte. La letrada del Consistorio, Tatiana Quintana, no se adhirió a la solicitud, al contrario que con el resto de investigados, para los que también reclamó la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. La petición será resuelta, previsiblemente, en las próximas horas.
Facturas bajo sospecha
La plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria indaga, en esta pieza separada, en una serie de facturas presuntamente infladas emitidas entre 2015 y 2022 en el área de Parques y Jardines.
La causa también investiga a los anteriores responsables del servicio, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, al empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiado y a su entidad, Guerra Patrimonial. Todos ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio.
El juez debe acordar si limita su movilidad con la retirada del pasaporte, como pide el fiscal Anticorrupción
El magistrado instructor analiza si hubo un trato de favor a Guerra debido a los vínculos societarios que le unían con Padrón. Ambos mantuvieron negocios conjuntos en la empresa Esvertical entre 2014 y 2021, en un periodo que abarca la etapa en la que Padrón fue jefe del área municipal de Parques y Jardines.
La facturación cayó de forma drástica en diciembre de 2022, coincidiendo con la entrada como responsables del servicio de los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez y con la posterior incorporación de la concejala Gemma Martínez Soliño. A partir de ese momento, los volúmenes de agua se situaron muy por debajo del máximo que se estaba justificando hasta la fecha.
El representante del Ministerio Público atribuye además a Guerra y Padrón los delitos de cohecho por un presunto quebranto de 430.000 euros. Sostiene que el contratista utilizó parte de los beneficios obtenidos para financiar un préstamo personal a favor de Padrón, lo cual supuestamente funcionó como un "retorno encubierto" para la desviación de caudales públicos.
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