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Movilidad

Malestar entre usuarios del taxi en Las Palmas de Gran Canaria al ser bloqueados por la emisora Taragranca tras no usar un servicio

La cooperativa Taragranca subraya que la sanción se elimina tras abonar la bajada de bandera y recuerda que los conductores también pueden ser sancionados

Un taxi recoge a un cliente en Las Palmas de Gran Canaria.

Un taxi recoge a un cliente en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

Las Palmas de Gran Canaria

Manuel Figueroa trabaja de noche. Debido a su actividad se ve obligado a coger taxis ya que de madrugada la frecuencia de las guaguas es menor. Una de esas noches llamó a la emisora de Taragranca para pedir una unidad. Mientras esperaba en la calle, otro taxi paró y se subió a él creyendo que era el que había pedido.

«Yendo ya en el trayecto me llamaron para decirme que mi taxi estaba esperando. En ese momento les expliqué que me había subido por error, pero cuando volví a pedir otro, días después, me dijeron que no lo iban a mandar hasta que no abonara el trayecto anterior».

La molestia de Manuel fue tal que, a pesar de ser un medio de transporte fundamental para él, no ha vuelto a llamar a la emisora. «Me he gastado, fácilmente, 300 euros en Taragranca, soy un usuario frecuente y, por un error, me bloquearon».

Desde entonces, prefiere «tirar» de taxistas locales. Solo una vez, y por curiosidad, volvió a llamar a dicha emisora. Habían pasado cuatro meses desde la incómoda conversación. «Vi que ya estaba desbloqueado porque no me dijeron nada. Me lo iban a mandar, pero ya no quise cogerlo, ni lo voy a hacer», subraya.

Soy un usuario frecuente y, por un error, me bloquearon

Manuel Figueroa

— Cliente

En su opinión, es una «mal gesto» para quienes, como él, son usuarios habituales que por un error terminaron «castigados» por la cooperativa. Compara la situación con los clientes de seguros. «Es como el que paga el seguro del coche toda la vida y por un rayón le suben la cuota de forma desproporcionada, no me parece justo».

No es el único testimonio. Uno lleva a otro y las historias se encadenan. Carmen Bolaños pidió dos taxis una noche entre semana; una para ella, otra para su amiga. Aparecieron dos, uno sí procedía de Taragranca; el otro, no.

«Cuando llamaron de la central para avisar que el segundo taxi había llegado y que yo no estaba me di cuenta del error. Les pedí disculpas, pero en ese mismo momento me dijeron que no iba a poder solicitar uno de nuevo». Carmen no ha querido desde entonces intentarlo. «¿Para qué? ¿Para pasar una vergüenza? Prefiero no hacerlo».

Nayara M. tuvo una situación más delicada. Su compañera de piso necesitó acudir a urgencias y el taxi no aparecía. «Lo cancelé por la aplicación del móvil y la llevé en coche». La segunda vez que quiso pedir una unidad, el sistema ya no le dejó. «Volví a llamar para ver qué pasaba y la operadora me dijo que tenía que pagar el trayecto cancelado para volver a usar un taxi». Nayara no ha vuelto a llamar desde entonces.

¿Cómo se desbloquea?

Desde la cooperativa de taxis de Taragranca, su vicepresidente Orlando Angulo subrayó que la restrictiva medida lleva «años» aplicándose con el objetivo de evitar que los conductores pierdan el viaje y concienciar sobre el buen uso del servicio.

«El taxista llega y se encuentra conque el cliente no está, o que le ha cancelado cuando ya está cerca del domicilio». Angulo aseguró que si el usuario cancela «con tiempo» por la aplicación «no tendría que haber problema ninguno».

Añadió que la solicitud de abonar la bajada de bandera «no tiene un objetivo recaudador, sino de evitar que esas situaciones se repitan» y aclaró que si se demuestra que la cancelación se dio por una urgencia médica «no se aplica la sanción».

Abonar la bajada de bandera no tiene un objeto recaudador

Orlando Angulo

— Vicepresidente de Taragranca

El pago de dicha sanción -la bajada de bandera- ha de hacerse de momento en persona en las oficinas de la cooperativa. «Estamos trabajando en nuevos sistemas más ágiles, como bizum, pero aún no está disponible».

Otros cambios que se plantean a futuro son el cobro por adelantado o el bloqueo de una cierta cantidad en la tarjeta, para garantizar así el pago. «Algo similar a cuando se alquila un coche o se reserva una habitación de hotel», pero matizó que para estos casos serán necesarios cambios en ordenanzas y reglamentos autonómicos.

Los taxistas también son sancionados

Orlando Angulo añadió que los usuarios no son los únicos que pueden ser objeto de sanción, también los conductores. Y enumeró los casos: «Si rechaza tres solicitudes seguidas, se le deniega el acceso a la emisora durante cuatro horas; cuando se acepta el servicio y no se va a buscar al cliente, la sanción es de varios días y, lo más grave, coger uno y no finalizarlo. En este caso, la restricción alcanza los seis meses».

Desde el Consistorio subrayan que el Ayuntamiento «no es propietario ni responsable de la emisora». Añaden que se trata de una práctica «habitual» en otras emisoras del Estado, donde los bloqueos suelen ser «temporales, no definitivos» y destacaron que han recomendado a las cooperativas «la mejora de la información previa para que los usuarios sepan las consecuencias de no hacer uso de un servicio precontratado».

La batalla judicial continúa para obtener licencias VTC en la Isla

Mientras el taxi busca fórmulas para digitalizar y homologar sus servicios al que ofrecen las grandes plataformas, los VTC se encuentran envueltos en una batalla legal en la Isla. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria admitió el pasado 16 de abril un recurso presentado por una filial de Cabify contra la negativa de la Consejería de Movilidad Sostenible a conceder autorizaciones de VTC. Un litigio que se suma a otros procedimientos en curso y consolida un nuevo frente judicial que pone en cuestión el modelo aplicado en la Isla durante los últimos años. El origen de la disputa se sitúa en la aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que durante más de una década ha servido de base para limitar el crecimiento de este tipo de licencias.

La normativa establecía una proporción de una autorización VTC por cada 30 taxis, un mecanismo diseñado para evitar la saturación del mercado y proteger al sector tradicional. En el caso de Gran Canaria, ese límite se tradujo en un máximo de 102 licencias VTC frente a más de 2.600 taxis, una cifra que el Cabildo considera ajustada a la realidad insular. Con ese argumento, la Consejería ha rechazado de forma sistemática miles de solicitudes.

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