La Zona de Bajas Emisiones de Las Alcaravaneras cada vez más cerca: el Ayuntamiento revela el calendario

La Zona de Bajas Emisiones de Las Alcaravaneras es una tarea pendiente de Las Palmas de Gran Canaria. Tendría que haber estado operativa antes del 1 de enero de 2023, pero a día de hoy todavía no es una realidad. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha informado de que la obra saldrá a concurso público antes de verano "si todo sale bien". De esta forma, el edil espera que antes de que acabe el año esté finalizada. Aunque aclaró que no se implementarán las restricciones nada más acabar, ya que dejarán un plazo de entre seis mese y un año para informar a la ciudadanía sin sanciones de por medio.

De forma paralela, el Consistorio pretende aprobar, en el último trimestre de este año, el nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU) y la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Estos dos pasos son fundamentales para blindarla ante posibles escollos en los tribunales. En otras ciudades como Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Gijón o San Sebastián las Zonas de Bajas Emisiones fueron anuladas de forma temporal tras los recursos presentados por asociaciones y partidos políticos.

Posibles recursos

Ramírez detalla que han aprendido de la experiencia de otras urbes, que han visto paralizadas sus áreas por no estar incluidas en los planes de movilidad. En otros casos, explica, los recursos son de carácter "subjetivo", ya que denuncian que es una medida restrictiva o que no es lo suficientemente contundente para reducir las emisiones contaminantes. "Todavía se están resolviendo en los tribunales", explica. De hecho, una de las medidas en la que incidirán es la contaminación acústica para "combatir un posible recurso de esas características". "Hemos ido ajustando lo que hemos podido para que la normativa sea lo más precisa posible y que tenga las menos fugas de agua. Pero todo puede pasar", considera Ramírez.

La implantación de estas zonas viene impuesta por la Ley de Cambio Climático de 2021, que exigía a los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes (Las Palmas de Gran Canaria tiene 381.868 residentes) limitar el paso de los vehículos más contaminantes. En total, son 153 ciudades las que están obligadas a implantar esta medida para mejorar la calidad del aire, de las cuales 109 no lo han activado aún. Así las cosas, un 71% de las urbes no han establecido estas áreas, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

¿Qué vehículos podrán entrar en la Zona de Bajas Emisiones?

Tras la aprobación está previsto un periodo de tiempo de un año en el que el Ayuntamiento informará a la ciudadanía sobre el funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones, y así, conozcan si sus vehículos pueden entrar o no. Lo que se conoce es que podrán circular los vehículos que tengan categoría de cero emisiones o eco, entre los que entran los híbridos y eléctricos. También los vehículos de movilidad personal (patinetas) y bicicletas. Habrá hasta cuatro cámaras de seguridad en los límites de la zona delimitada que leerán las matrículas, por lo que el resto de vehículos -siempre y cuando no entren dentro de las exenciones o excepciones- estarán expuestos a una sanción al estar prohibida su libre circulación por esta zona.

Quedarán libres de las restricciones los vehículos de residentes empadronados en las calles incluidas dentro de los límites. También estarán exceptuados los coches de personas con tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR); los destinados a servicios públicos esenciales —como cuerpos de seguridad, emergencias, limpieza y otros servicios municipales—; los vehículos de urgencias particulares, como fontaneros, electricistas, cerrajeros o técnicos de agua, gas y telecomunicaciones; los vehículos históricos con más de 30 años; así como taxis con distintivo ambiental B y C, guaguas y grúas de remolque.

Permiso municipal

La normativa contempla igualmente supuestos en los que será necesario solicitar un permiso municipal, que en determinados casos podrá tramitarse hasta 15 días después si se trata de una situación imprevista. En este grupo se incluyen los turismos con etiqueta ambiental B y C que accedan para llevar o recoger a menores con discapacidad en centros de Infantil, Primaria o Secundaria; los vehículos de empresas o autónomos con actividad en locales de la zona; los destinados al suministro de farmacias o centros sanitarios; y los de propietarios o arrendatarios de plazas de garaje dentro del área delimitada.

También se exigirá autorización —con un plazo de hasta 15 días— a quienes necesiten acceder a una farmacia de guardia, a los vehículos de seguridad privada, a los que participen en actos autorizados en la vía pública, al transporte colectivo (incluidos los microbuses escolares), a quienes acudan a consultas médicas o veterinarias, a los servicios funerarios y, en general, a los vehículos con etiqueta B y C que solo entren para aparcar en estacionamientos de uso público.

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