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Contratos vencidos

Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria: condenado a pagar 650.000 euros por los semáforos

La Justicia obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar 649.451 euros por el mantenimiento de semáforos, un servicio que opera en nulidad desde 2018

Semáforos sin funcionar en la plaza de La Feria.

Semáforos sin funcionar en la plaza de La Feria. / Juan Carlos Castro.

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Adzubenam Villullas

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La plaza número tres de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia ha emitido una sentencia en la que insta al Consistorio abonarle 649.451,66 euros a la empresa de mantenimiento de los semáforos y sistemas de control de tráfico de la ciudad. A esta cantidad habrá que sumarle intereses de demora, costes de cobro y costas procesales. Este contrato se encuentra vencido desde 2018.

La concejalía de Movilidad y Empleo, que dirige José Eduardo Ramírez, autorizó el pago el pasado 20 de mayo con el propósito de ejecutar la sentencia, declarada firme el 16 de abril. La cantidad corresponde a una decena de facturas pendientes de 2024 y que el Ayuntamiento capitalino tendría que haberle abonado a la empresa adjudicataria del servicio, Eletronic Trafic. El pago deberá ir a Pleno este viernes.

Inexistencia de contrato en vigor

La empresa reclamó ante el Contencioso-administrativo el pago de diez facturas en mayo del año pasado; seis por valor de 65.794,16 y cuatro por 63.671,73 euros. La jueza constató que no existen expedientes administrativos de rechazo o motivación en contra de dichos recibos. Tampoco consta que hayan sido anuladas, pese a los argumentos dados por el Consistorio. Es más, en caso de haberse producido alguna irregularidad, estas han sido amparadas por la administración al no haber informes que las reconozcan.

Por otro lado, la jueza apunta que la inexistencia de contrato avala la reclamación interpuesta por la empresa. El contrato de Conservación y mantenimiento de las instalaciones de control, visualización y regulación del tráfico salió a licitación por última vez en 2012 con una duración prevista de cuatro años más dos de prórroga, por lo que finalizó en 2018. Desde entonces este servicio ha funcionado en nulidad.

La red semafórica, agónica

La situación de nulidad en la que se encuentran desde hace varios años diversos contratos ha provocado que el Ayuntamiento capitalino esté pagando esos servicios bien mediante reconocimientos extraordinarios o modificaciones de crédito; o bien mediante sentencia judicial, como ha sido este caso. Solo en diciembre del año pasado pagaron así 35 millones de euros adeudados a los proveedores: 11,5 correspondían al contrato de mantenimiento de Parques y Jardines.

En este caso, la red semafórica lleva años agonizando, con continuas averías. El año pasado había más de medio centenar de semáforos obsoletos por toda la ciudad. Cada vez que llueve con intensidad se hace evidente el estado en el que se encuentran estos postes, necesarios para regular el tráfico. En 2023, la concejalía de Movilidad decidió delegar en la empresa municipal Sagulpa la reparación de estos, pero desde entonces las partidas reservadas cada año no se han ejecutado.

Dos millones de euros para la tasa de depuración

El Ayuntamiento capitalino llevará al Pleno del próximo viernes dos expedientes de crédito para abonar facturas pendientes. Ambos pasaron este martes por el filtro de la Comisión de Pleno. El de mayor cuantía corresponde con 2.042.957,14 euros que Emalsa reclama a la ciudad por el pago de la tasa de depuración de aguas. Se trata de facturas emitidas por la Compañía Mixta del agua entre agosto y noviembre del año pasado. El pago procederá de remanentes de tesorería. Además, el Ayuntamiento pagará otros 39.567,75 euros a Electronic Trafic por diversas actuaciones para adaptar semáforos de la ciudad a la normativa vigente. Los trabajos se hicieron el verano pasado. Esta es la misma empresa que cobrará los servicios prestados -en nulidad- mediante sentencia.

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