El Puerto de Las Palmas gana la batalla judicial al Colegio de Ingenieros de Caminos: el TSJC avala el nombramiento de la jefa de Proyectos y Obras

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón al Puerto de Las Palmas y valida la designación de Isabel González como jefa de la división de Proyectos y Obras II, un nombramiento que había sido recurrido judicialmente por el Colegio Profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que ha sido condenado a pagar las costas del recurso, fijadas en 800 euros para cada una de las partes recurridas.

Con la desestimación del recurso de suplicación presentado por este colegio oficial, la Sala confirma íntegramente la sentencia dictada en junio de 2024 por el Juzgado de lo Social que solo le dio la razón en parte. El órgano colegiado sostenía que ese puesto debía reservarse exclusivamente a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al considerar que solo esta titulación aportaba las competencias técnicas suficientes para asumir funciones vinculadas a infraestructuras, obras portuarias y marítimas.

Entre sus argumentos, la parte recurrente defendía que los ingenieros técnicos de Obras Públicas y los graduados en Ingeniería Civil tenían competencias más limitadas, asociadas a actuaciones de menor envergadura y complejidad, mientras que los Caminos disponen de una competencia global en ingeniería civil y obras públicas.

La sentencia de 2024 solo le dio la razón en parte

En ese sentido, la Sala le dio la razón en junio de 2024 en lo referente a que la Base III no era conforme a derecho en la medida en que permitía acceder al proceso a cualquier grado universitario. Sin embargo, no aceptó la exclusividad reclamada por el Colegio.

De esta manera, el juzgado concluyó que el puesto podía ser cubierto por un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pero también por un ingeniero de Obra Civil o un ingeniero técnico de Obras Públicas. Es decir, anuló la apertura genérica de la convocatoria, pero no cerró el puesto únicamente a los Caminos.

Libertad de acceso frente al monopolio competencial

El criterio esgrimido en la sentencia anteponía el principio de libertad de acceso con idoneidad frente «al monopolio competencial». Asimismo, establecía que las funciones del puesto no exigían necesariamente, en todos los casos, los conocimientos especializados de un ingeniero de Caminos, porque buena parte de las tareas eran de colaboración, coordinación, seguimiento, elaboración de informes o apoyo técnico, y los trabajos de mayor complejidad quedaban bajo la supervisión de la Jefatura de Área.

Un proceso iniciado en 2023

Este proceso judicial arrancó en mayo de 2023 cuando la Autoridad Portuaria de Las Palmas convocó un proceso de promoción interna para cubrir la Jefatura de División de Proyectos y Obras II, adscrita al área de Infraestructuras. Las bases permitían concurrir a trabajadores con título oficial universitario de arquitectura, ingeniería o grado, e incluso contemplaban una vía excepcional sin titulación universitaria para quienes acreditaran 20 años de antigüedad en el sistema portuario y cinco años de experiencia en funciones vinculadas al puesto, en el que Isabel González, graduada en Ingeniería Civil e ingeniera técnica en Construcciones Civiles, quedó en primer lugar con una puntuación final de 85,50 puntos.

El Colegio de Ingenieros de Caminos impugnó en ese entonces las bases de la convocatoria al considerar que el puesto debía reservarse exclusivamente a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Más impugnaciones

Pero además, el órgano colegiado impugnó otras dos decisiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Por un lado, mostró su contrariedad con el nombramiento de la jefa de Infraestructura -puesto que ocupa Antonia Bordón-, esgrimiendo la misma tesis que el caso anterior y calificando de «anómala» la situación porque, aseguraba, la de esta provincia era la única institución portuaria sin ingenieros de Caminos en el área de proyectos, obras e infraestructuras.

Asimismo, recurrió la asistencia técnica para la ampliación del muelle Juan Sebastián Elcano, al entender que el director del contrato debía ser igualmente un ingeniero de Caminos.

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