La investigación de la fosa común de Vegueta recurre a los archivos militares de la Guerra Civil para localizar a las víctimas
La consulta de expedientes militares allana el camino del estudio documental a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como paso previo a las catas arqueológicas

Reunión de la asociación con la consejera Nieves Lady Barreto / LPR

La memoria de la Guerra Civil en Las Palmas de Gran Canaria está un paso más cerca de ser desenterrada. La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta mantuvo este lunes una reunión con la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto Hernández, para conocer los avances de la investigación documental que se encuentra en marcha, a cargo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Tal y como indican los integrantes de la asociación, ya se han consultado los primeros expedientes del archivo militar en el que se profundizará a lo largo de los próximos meses.
Ese es el paso previo a las catas arqueológicas en el terreno, que podrían dar pie a una exhumación completa para identificar a las víctimas de la represión franquista. Se trata de una reivindicación que lleva años sobre la mesa; de hecho, ya en 2018 se realizó una excavación parcial en la zona, pero quedó paralizada, por lo que no hubo resultados concluyentes en la búsqueda e identificación de los restos.
Predisposición institucional
Vicente Quintana Pérez, activista e integrante de la plataforma de familiares, asegura que la investigación está avanzando con una "predisposición absoluta" desde las administraciones públicas, por lo que especulan que dentro de unos meses podrían comenzar a realizarse las catas. Asimismo, matiza que la normativa anterior era más "restrictiva", mientras que la actual ley de memoria democrática ha allanado el camino para localizar e identificar a represaliados en todo el país.
El colectivo también se reunió el pasado 18 de mayo con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien trasladó la voluntad del Gobierno para estudiar la posibilidad de llevar a cabo la exhumación. Este cambio de ruta se produjo a partir de una nueva investigación, presentada en mayo de este año, que identificó a un centenar de víctimas del franquismo que posiblemente podrían yacer en el camposanto.
Entre las personas que figuran en el documento se incluyen dos símbolos de la resistencia republicana: el que fue alcalde de San Lorenzo cuando estalló la guerra, Juan Santana Vega, y el jefe de la Policía Local, Manuel Hernández Toledo.
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