Desahuciada una familia solicitante de asilo con un niño de ocho años en Guanarteme: "Es una negligencia enorme"

Una familia solicitante de asilo político fue desahuciada hace dos semanas de la habitación donde residía en el barrio de Guanarteme. A pesar de tener un informe de vulnerabilidad y un niño de ocho años escolarizado en Las Palmas de Gran Canaria, el desalojo se produjo sin que se les ofreciera ninguna solución alojativa. Ahora, lo único que les separa de quedarse en la calle es un simpatizante del colectivo Derecho al Techo, que decidió acogerles en su vivienda de forma temporal.

Desde su llegada a Canarias, hace algo menos de un año, han estado pagando un subarrendamiento en B porque su situación administrativa no les permitía acceder a un contrato reglado. Su último mes ha estado atravesado por una "tensión constante" al no saber si podrían parar el desalojo que, finalmente, se produjo el pasado 15 de junio. Mientras tanto, el hombre que subarrendaba el inmueble está desaparecido, en busca y captura por presuntas estafas relacionadas con alquileres irregulares, según ha confirmado la Policía Nacional.

Falsos alquileres y pagos en B

La familia ha preferido no ofrecer declaraciones y mantenerse en el anonimato, pero varios integrantes de Derecho al Techo aseguran que el presunto estafador se ha estado "aprovechando de la situación de vulnerabilidad" de distintas personas para lucrarse a través de varios métodos. Otra parte de su actividad, cuentan, consistía en llegar a acuerdos con supuestos inquilinos que le pagaban una fianza, pero nunca llegaba a entregarles las llaves de la habitación. "Aparentemente, era la cuarta vivienda con la que lo hacía", matizan.

La familia asilada, originaria de Colombia, sí tenía llaves. Lo que no tuvieron nunca es un contrato que les protegiese legalmente mientras resolvían los trámites para acceder a la regularización extraordinaria que se encuentra en marcha. "Al no tener su situación regularizada, no pueden acceder a un contrato de trabajo convencional o a un contrato de alquiler. Los estamos condenando a un ciclo de subarrendamiento en entornos extremadamente perjudiciales para las familias", alerta Sofía Olivares, integrante de Derecho al Techo.

Derecho al Techo sostiene que el informe de vulnerabilidad no se entregó hasta el mismo día en que se produjo el desahucio

Asimismo, el colectivo denuncia que el informe de vulnerabilidad no se les entregó hasta el mismo día del desahucio, a pesar de la urgencia del trámite, por lo que "no dio tiempo a hacer ninguna acción" para aplazar el desalojo.

"La entrega se demoró por algún error administrativo, según le contaron a la familia, pero no se les ha dado absolutamente ninguna solución, aun siendo una familia en situación irregular con un menor. Esto agrava más las cosas porque no tienen ninguna opción de acceder a otra alternativa habitacional por las vías normales", desgrana Olivares.

Los Servicios Sociales municipales

Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria detallan que los Servicios Sociales municipales recibieron la solicitud para realizar el informe de vulnerabilidad el pasado 28 de mayo sin petición formal del juzgado. "El informe fue elaborado y remitido al órgano judicial el 5 de junio, antes de la ejecución del lanzamiento, y también se entregó una copia a la persona afectada", aseguran.

El Consistorio defiende que "actuó en tiempo y forma dentro de sus competencias", además de haber informado de los recursos a los que podían acceder. En ese sentido, detallan que "la principal necesidad" era una solución habitacional que "no corresponde a los Servicios Sociales municipales".

"A menos que haya alguien acompañándolos, en la mayoría de casos, sobre todo siendo familias migrantes, se les va a intentar pues despachar"

Sofía Olivares subraya que "no tiene ninguna lógica" que no se haya ofrecido asistencia gratuita a la familia "ante la presencia de un menor" y teniendo en cuenta su estatus legal como solicitantes de asilo: "Consideramos que es una negligencia enorme, sobre todo en el procedimiento administrativo, por parte del Ayuntamiento y los Servicios Sociales". Asimismo, recuerda que "la solución no vino por parte de ninguna de las administraciones", sino que fue fruto de la organización vecinal y sus redes de apoyo.

Mientras la familia sigue adelante con el proceso burocrático, el colectivo Derecho al Techo les está asesorando con los trámites. Y es que han detectado que "en la mayoría de los casos, sobre todo siendo migrantes, se les va a intentar despachar" a menos que haya alguien con ciertas nociones jurídicas que les brinde acompañamiento.

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