Más de tres horas de tenso debate: así fue la reunión de la Fundación Puertos de Las Palmas en la que dimitió su gerente

Tres horas de intenso debate acerca del futuro de la Fundación Puertos de Las Palmas y el informe de la auditoría realizada por Puertos del Estado, y una aprobación de las cuentas sin unanimidad. Así fue la reunión de la junta general de la entidad en la que se aceptó la dimisión de Betsabé Morales como gerente “para que las discrepancias" en torno a su nombramiento "no ocasionen ningún daño ni a la entidad, ni a los patronos, ni a los colaboradores de la Fundación”, asevera.

Esta renuncia es la primera de las consecuencias de la auditoría realizada por Puertos del Estado a una entidad que debía haber dejado de ser pública hace 13 años y que, según el documento, solo tiene una salida: la disolución.

Malestar entre los patronos

La situación actual de la fundación y la puesta en duda de la legalidad de algunas de las decisiones adoptadas en el último periodo en asuntos relacionados, principalmente, con despidos y contrataciones de personal y de servicios, ha soliviantado e incomodado a gran parte de los patronos, que no han dudado en esta y las anteriores reuniones celebradas tras conocerse el resultado final de la auditoría en hacer llegar a la presidenta, Beatriz Calzada, que preside también la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Algunas de las fuentes consultadas no esconden que "se ha notado un incremento en la actividad" tras la llegada de Betsabé Morales a este organismo, pero critican la posibilidad de que se haya utilizado como un instrumento político (tanto la ya exgerente como la máxima responsable del Puerto pertenecen al mismo partido, Coalición Canaria). Pero, sobre todo, muestran su contrariedad con el hecho de que esta contratación y la posible irregularidad en otras, como apunta Puertos del Estado, "estén dando esta imagen negativa de un puerto que tiene una proyección internacional".

Un nombramiento bajo la sombra de la duda

Betsabé Morales presentó su escrito de renuncia el jueves a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, aunque no fue hasta la reunión de la junta directiva en la que se debía aprobar las cuentas generales, cuando se dio a conocer a los patronos esta decisión, 12 días después de que se acordara dejar sobre la mesa la concesión de un poder para que pudiera representar legalmente a la Fundación Puertos de Las Palmas hasta que se aclarara si había habido irregularidades en su nombramiento. El informe de la auditoría apuntaba a que esta contratación se produjo después de haber despedido de forma improcedente a la anterior gerente a cambio del pago de una indemnización de 117.265,21 euros , sin una convocatoria pública y sin el preceptivo informe de la Abogacía del Estado. Además, recogía que se le había abonado pluses y complementos inexistentes.

Desde que se dio a conocer el informe, la presidenta de la Autoridad Portuaria defendió la legalidad de la incorporación de Morales a la entidad, aunque aseveró que en el caso de que tanto en este caso como en el resto de las irregularidades sobre las que alerta Puertos del Estado no se aclararan, se tomarían las medidas correctoras necesarias.

Informe jurídico sobre el futuro de la entidad

En ese sentido, además de la aceptación de la dimisión de Betsabé Morales, los patronos de la Fundación han decidido reactivar los procesos para la contratación de servicios que se habían dejado sobre la mesa hace doce días y sean necesarios para el funcionamiento de la entidad hasta el momento que esta se transforme o se liquide. Para ello, además, han acordado la realización de un informe jurídico para analizar su situación actual y valorar sus dos opciones de futuro.

Una fundación en situación crítica

La auditoría realizada por Puertos del Estado concluye que la Fundación Puertos de Las Palmas se encuentra en una situación crítica y con escasas perspectivas de continuidad. Además, considera que la entidad no ha logrado cumplir la orden ministerial que desde 2013 le exige dejar de ser pública, acumula pérdidas recurrentes —128.115,91 euros en 2025 y 138.660,30 euros en 2024— y depende de unos ingresos por alquileres que desaparecerán cuando su sede revierta en 2028 a la Autoridad Portuaria. Por ello, la auditoría apunta que la liquidación se perfila como la opción más razonable, aunque la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha sostenido que la salida al sector privado está bloqueada porque el Estado computa como patrimonio fundacional público la inversión de 2,3 millones realizada por el Puerto en 1997 para rehabilitar el edificio.

Contratos bajo la lupa

Junto a las dudas sobre el nombramiento de Morales, Puertos del Estado aprecia un alto riesgo de fraccionamiento en contratos menores y señala expedientes adjudicados por importes muy próximos al límite legal de 15.000 euros (solo un céntimo menos). La auditoría también observa posibles conflictos de intereses, contratos de consultoría que encubrirían tareas administrativas, patrocinios insuficientemente justificados y carencias de transparencia y control interno.

Problemas en el portal de transparencia

Cabe destacar que al menos desde hace una semana, la mayor parte de los apartados del portal de transparencia de este organismo es inaccesible. Cuatro de las seis áreas, la Económica Financiera, la de Contratos, la de Convenios y encomiendas, y la de Ayudas y Subvenciones, no pueden abrirse y aparecen con el aviso de "pendiente".

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