¿Qué pasa ahora con la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria? Esto es lo que cambia tras la sentencia
La sentencia del TSJC cuestiona la memoria económico-financiera del Ayuntamiento sobre la tasa de basuras, obligando a revisar su regulación

Dos operarios llevan un contenedor a un camión de basura en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ
La resolución judicial cuestiona la forma en la que se calculó la tasa y la documentación económica que justificaba su implantación, abriendo ahora un nuevo escenario para miles de contribuyentes del municipio. Aunque la sentencia no supone automáticamente la desaparición definitiva del recibo, sí obliga al Ayuntamiento a afrontar un importante contratiempo en la regulación de este tributo.
¿Por qué ha sido anulada la tasa de basura?
La sentencia del TSJC considera que la ordenanza presenta importantes deficiencias en los criterios utilizados para calcular el importe que debía abonar cada contribuyente.
Los magistrados sostienen que la memoria económico-financiera elaborada por el Ayuntamiento no justifica de forma suficiente el coste real o previsible del servicio de recogida de residuos ni explica adecuadamente cómo debía distribuirse ese coste entre los ciudadanos.
Precisamente esa memoria constituye uno de los documentos fundamentales para respaldar legalmente la creación de una tasa municipal, motivo por el que el tribunal ha optado por declarar nula toda la ordenanza.
¿Qué pasa ahora con el recibo de la basura?
La decisión judicial no implica de forma inmediata que los vecinos dejen de pagar el recibo o que desaparezca automáticamente este impuesto.
La sentencia anula la ordenanza que regulaba la tasa, pero todavía no es firme. A partir de su notificación, las partes disponen de un plazo de un mes para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si consideran que concurren los requisitos legales para ello.
Mientras ese plazo permanezca abierto y, en su caso, hasta que se resuelva un posible recurso, el procedimiento judicial no habrá concluido definitivamente.
Si finalmente la resolución adquiere firmeza, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá estudiar cómo afrontar la situación. Entre las opciones estaría elaborar una nueva ordenanza que corrija las deficiencias señaladas por el tribunal o adoptar las medidas que correspondan para adaptar el cobro de este servicio a la legalidad vigente.
Por el momento, la sentencia supone un importante revés para una de las medidas fiscales más debatidas de los últimos años en la capital grancanaria y deja abierto un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la tasa de basura.
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