Limpieza
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria analiza recurrir la sentencia sobre la tasa de basura anulada por el TSJC
Desde el Consistorio informan que la notificación de la sentencia ha sido recibida este lunes y que el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente, para analizar la resolución y decidir las actuaciones que correspondan

Recogida de basura en la calle Luis Doreste Silva de la capital. / ANDRES CRUZ

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado este lunes que ha recibido la notificación de la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia municipal.
La Asesoría Jurídica municipal y el área de Gestión Tributaria de la Concejalía de Hacienda "están analizando" el contenido de la resolución con el fin de determinar su "alcance jurídico y técnico, teniendo siempre presente el interés general", destaca el comunicado.
En el mismo, subrayan que de acuerdo con la normativa procesal, el Ayuntamiento dispone de un plazo de 30 días hábiles, que comienza a contar desde el día siguiente al de la notificación, para estudiar la sentencia y decidir las actuaciones que procedan, incluida, en su caso, la "eventual interposición de los recursos que correspondan".
La tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia municipal se implantó este año en cumplimiento de la Ley nacional 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incorpora la normativa europea y establece la obligación de que todas las entidades locales en España dispongan de una tasa o de una prestación patrimonial específica destinada a financiar el coste del servicio de gestión de residuos.
El pasado viernes, el TSJC informaba que la nueva tasa de recogida de basuras de Las Palmas de Gran Canaria quedaba "anulada". La sala de lo Contencioso-Administrativo falló a favor del recurso interpuesto por la Fundación Canaria Escuelas de Antunez contra la ordenanza que la regula, aprobada de manera definitiva en abril de 2025.
Los magistrados Jaime Borrás Moya y María Mercedes Martín Olivera consideraron que hay "deficiencias" en los criterios empleados para cuantificar el importe de la tasa (149,33 euros por hogar) al no estar debidamente justificados.
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