El PP exige a Carolina Darias que informe con "transparencia" sobre la tasa de basura tras la sentencia del TSJC

El Partido Popular ha reclamado este lunes a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que informe de las consecuencias que tendrá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada a conocer a los medios de comunicación el pasado viernes y que estima uno de los recursos presentados contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos.

Los populares piden al Ayuntamiento que aclare si va a recurrir el fallo, qué sucederá con los recibos ya abonados y cómo debe actuar la ciudadanía mientras la resolución no sea firme. El PP sostiene que el gobierno municipal debe comparecer públicamente para precisar el alcance del fallo y ofrecer seguridad jurídica.

«Los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente cuál es la situación. No pueden enterarse por los medios de comunicación mientras el Ayuntamiento guarda silencio», afirmó Delgado. La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, advirtió a este periódico que, pese al pronunciamiento judicial, la ordenanza no está anulada oficialmente al no haber una sentencia en firme.

Por ese motivo, pidió a los contribuyentes que continúen atendiendo los pagos dentro de los plazos establecidos. «Por mucho que haya salido esta sentencia, que a nadie se le ocurra dejar de pagar porque en estos momentos todavía no está anulada», añadió.

El recibo asciende de manera general a 149,33 euros, salvo en aquellos casos en los que los contribuyentes puedan acogerse a las bonificaciones previstas. Según explicó la portavoz popular, no abonar la cantidad en tiempo y forma podría dar lugar a recargos mientras la ordenanza continúe vigente.

Una ordenanza cuestionada desde su tramitación

La resolución judicial abre ahora un periodo de incertidumbre sobre la aplicación del tributo. Entre las cuestiones pendientes se encuentra la posibilidad de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, así como el tratamiento que recibirán las cantidades ya pagadas por miles de vecinos.

La formación popular asegura que durante la elaboración de la norma ya advirtió de posibles deficiencias jurídicas y técnicas. El PP presentó alegaciones durante la tramitación de la ordenanza y, posteriormente, un recurso de reposición que fue rechazado por el grupo de gobierno. También interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que, según indica el partido, continúa su tramitación.

«La Justicia nos ha dado la razón. Dijimos desde el primer momento que la tasa estaba mal planteada y mal diseñada», manifestó Delgado, quien volvió a cuestionar el sistema utilizado para distribuir el coste del servicio.

La Justicia nos ha dado la razón, dijimos desde el primer momento que la tasa estaba mal planteada y mal diseñada

Jimena Delgado

— Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz popular considera que el modelo presenta «una falta de proporcionalidad» porque aplica, con carácter general, una cantidad similar a las viviendas sin diferenciar suficientemente el número de residentes, la capacidad económica de cada unidad familiar o el volumen de residuos generado. «No se hace un reparto correcto del pago entre los contribuyentes», añadió la concejala.

El PP llevó además al pleno municipal del pasado mes de mayo una moción para pedir la retirada de la ordenanza y la paralización del cobro hasta que se corrigieran sus deficiencias. La propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno, que recordó que otros municipios, incluidos algunos gobernados por el Partido Popular, también habían implantado tasas de residuos.

El coste del servicio y la normativa estatal

La tasa está vinculada a la aplicación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a establecer una tasa o prestación patrimonial específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos.

La norma también plantea avanzar hacia sistemas de pago por generación. El PP cuestiona, sin embargo, la fórmula concreta adoptada en Las Palmas de Gran Canaria y sostiene que la distribución del coste debería ajustarse mejor a las circunstancias de cada hogar.

La formación relaciona asimismo el importe del tributo con la situación de los servicios municipales de limpieza. Delgado criticó que varios contratos se encuentren vencidos y que el Ayuntamiento haya recurrido a contrataciones de emergencia, al tiempo que continúa vigente la situación de emergencia sanitaria declarada por problemas de limpieza.

A la espera de la decisión del Ayuntamiento

La sentencia obliga ahora al gobierno local a decidir si recurre ante el Tribunal Supremo o si acepta el fallo y comienza la elaboración de una nueva ordenanza. El PP reclama que el Ayuntamiento detalle los plazos previstos, las vías de reclamación disponibles y el posible efecto de la sentencia sobre quienes ya han pagado.

También pide que cualquier futura regulación incorpore criterios de proporcionalidad y una relación más directa entre la cantidad abonada y los residuos generados.

Delgado concluyó solicitando «máxima transparencia y responsabilidad» al gobierno municipal para reducir la incertidumbre de los contribuyentes. La situación definitiva de la tasa dependerá ahora de la firmeza de la sentencia, de la eventual presentación de un recurso y de las decisiones que adopte el Consistorio capitalino.

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