El bloqueo administrativo frena la obra de la Metroguagua en Vegueta

El tramo de Vegueta de la Metroguagua continúa encallado. Los retrasos acumulados han terminado por lastrar uno de los proyectos estratégicos de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el punto de deteriorar la confianza ciudadana en su puesta en marcha. Este segmento, considerado uno de los más complejos de ejecutar, concentra tanto las principales dificultades técnicas como un bloqueo administrativo que, a día de hoy, sigue sin resolverse.

El principal obstáculo que mantiene paralizado el proyecto es la adscripción del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), un trámite imprescindible para que la Comunidad Autónoma pueda ejecutar obras sobre ese espacio. Sin esa cesión por parte del Estado, el proyecto no puede avanzar. Sin embargo, el procedimiento se encuentra actualmente en un punto muerto, marcado por versiones contradictorias entre las administraciones implicadas.

Desde el Gobierno de Canarias sostienen que el expediente depende de una resolución de la Demarcación de Costas, organismo estatal al que aseguran haber solicitado en agosto de 2024 que resolviera la adscripción «a la mayor brevedad posible». Según la Consejería de Obras Públicas, hasta la fecha no consta ninguna comunicación formal que desbloquee el trámite.

Por su parte, fuentes de Costas del Estado apuntan en sentido contrario y sitúan el foco en el Ejecutivo autonómico. Según esta administración, el expediente requiere aún un pronunciamiento en materia de evaluación ambiental que debe emitir el propio Gobierno de Canarias, condición necesaria para continuar con la tramitación de la adscripción.

Informe de impacto ambiental

Este cruce de versiones se produce pese a que la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de Canarias ya formuló, en octubre de 2024, el informe de impacto ambiental del proyecto de reordenación de la Avenida Marítima. Dicho informe concluye que la actuación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se ejecute la alternativa 4b y se cumplan una serie de medidas correctoras y preventivas recogidas en la resolución.

Entre estas condiciones se incluyen el control de emisiones de polvo antes y durante la obra, la adopción de medidas frente a la contaminación acústica, la prevención de vertidos al medio marino y la vigilancia de la fauna, especialmente en lo relativo a especies protegidas o de gran tamaño. Asimismo, el documento exige un levantamiento topográfico de la playa de San Cristóbal para evaluar posibles afecciones, así como la consideración de elementos vegetales singulares, como varios dragos que no figuraban en el proyecto inicial.

A raíz de este dictamen ambiental, la Dirección General de Infraestructura Viaria adjudicó un contrato menor a la empresa HL2 Ingeniería y Consultoría para actualizar el proyecto constructivo. El encargo incluía la incorporación de los condicionantes ambientales, la adaptación de los planos de desvíos provisionales y la revisión de los precios de las unidades de obra.

Cronología

No obstante, una vez actualizado el documento técnico, el procedimiento se topó con el escollo principal, es decir, la falta de adscripción del Dominio Público Marítimo-Terrestre. El origen de este trámite se remonta a noviembre de 2021, cuando el Gobierno de Canarias solicitó por primera vez a la Demarcación de Costas la cesión de estos terrenos. Posteriormente, en marzo de 2023, se pidió también la actualización de dicha adscripción en relación con las obras de emergencia para la restitución de la escollera de la GC-1 entre San Cristóbal y su enlace con la GC-31.

Ambos procedimientos fueron acumulados en junio de 2023. A finales de ese mismo año, en noviembre, representantes de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento capitalino mantuvieron una reunión en la que acordaron remitir el expediente a la corporación local para contribuir a acelerar el proceso. La documentación fue enviada días después, sin que ese movimiento haya tenido, por ahora, efecto.

Confrontación política

La consecuencia es un bloqueo administrativo en el que cada parte sitúa el siguiente paso en la otra, mientras el proyecto permanece sin avances tangibles. Esta situación ha alimentado también la confrontación política. En una entrevista concedida a este periódico, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, puso en duda que los retrasos respondan exclusivamente a cuestiones técnicas y deslizó la posibilidad de que exista una intencionalidad política por parte del Gobierno de Canarias.

La titularidad de Obras Públicas pertenece a Coalición Canaria, formación que ha defendido públicamente la paralización del proyecto de la Metroguagua si logra la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. En este contexto, Darias dejó entrever que los retrasos podrían responder a una estrategia para frenar el desarrollo de la infraestructura.

Más allá del cruce de acusaciones, lo cierto es que el tramo de Vegueta sigue siendo una pieza clave para la puesta en funcionamiento del sistema. La actuación prevista en este punto implica una transformación de gran envergadura, ya que será necesario ganar terreno al mar para desplazar la GC-1 y generar el espacio necesario donde implantar la plataforma de la Metroguagua. Esta intervención, localizada en el entorno del nudo de Lady Harimaguada y el acceso a Vegueta, requiere no solo una obra de gran dificultad constructiva, sino también la coordinación de las administraciones. Aunque algunas partes del trazado de la Metroguagua están ya ejecutadas, aún quedan por resolver tres puntos críticos: este tramo, la estación de Hoya de la Plata y la parada subterránea de Santa Catalina. Sin la finalización de estos elementos, el servicio no puede entrar en operación.

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