Tributos municipales
"Alguien tiene que responder por este error": Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura
La formación nacionalista reclama la comparecencia de Carolina Darias para explicar la anulación de la tasa de basuras y el retorno de cinco millones de euros
La Provincia
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Coalición Canaria ha elevado este martes la presión sobre el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria por la anulación de la tasa de basura. Su portavoz municipal, David Suárez, reclama una comparecencia urgente del Ejecutivo de Carolina Darias para explicar cómo se elaboró la ordenanza, cuál será el coste final de su retirada y quién asumirá las responsabilidades por un procedimiento que obliga ahora al Ayuntamiento a devolver unos cinco millones de euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la norma al apreciar deficiencias en la memoria económico-financiera que sirvió para fijar el recibo. La sentencia cuestiona tanto la cuota fija de 108,45 euros como la parte variable, hasta alcanzar un máximo de 149,33 euros por vivienda, porque el expediente no justificó de forma suficiente los criterios utilizados.
El fallo reprocha, entre otros aspectos, que el Consistorio se apoyara en estudios sobre generación de residuos elaborados en Cataluña sin explicar por qué sus resultados eran representativos de Las Palmas de Gran Canaria ni cómo se trasladaron al cálculo de la tasa. Tampoco encontró motivación suficiente para asignar la misma cuota fija a viviendas, alojamientos turísticos y establecimientos comerciales.
Más que un error administrativo
Suárez considera que lo ocurrido constituye «uno de los mayores fracasos de gestión de este mandato» y sostiene que no puede reducirse a un error administrativo. «Hablamos de una ordenanza fiscal que afectaba directamente al bolsillo de miles de familias y que se aprobó sin las suficientes garantías jurídicas y técnicas», afirmó.
Hablamos de una ordenanza fiscal que afectaba directamente al bolsillo de miles de familias y que se aprobó sin las suficientes garantías jurídicas y técnicas
La alcaldesa anunció el pasado 16 de julio que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia y que devolverá todos los importes cobrados. De las 169.105 liquidaciones emitidas, se llegaron a pagar 35.002, con una recaudación próxima a los cinco millones de euros.
El Consistorio habilitó al día siguiente los formularios para que quienes continúan dentro del plazo de un mes puedan presentar un recurso de reposición y solicitar la devolución de ingresos indebidos. Cuando ese plazo ya haya vencido, será la Administración la que inicie una revisión de oficio. También se han paralizado los recibos pendientes y los cargos correspondientes a pagos fraccionados.
Una decisión municipal que CC considera insuficiente
Coalición Canaria admite que la implantación de una tasa específica por la recogida y el tratamiento de los residuos responde a una obligación de la Ley 7/2022, pero separa esa exigencia del diseño concreto aprobado por el Ayuntamiento.
Gente tirando basura en los contenedores. / Andrés Cruz / LPR
«El problema no era crear la tasa; el problema fue hacerla mal», señaló Suárez. El portavoz atribuyó la anulación a las «prisas» y a la «falta de rigor técnico» del gobierno local y criticó que la respuesta política se limite a ejecutar la sentencia y reintegrar los pagos.
La devolución, en cualquier caso, no deriva de forma automática del fallo, sino de la decisión del Ayuntamiento de no acudir al Tribunal Supremo y revisar las liquidaciones emitidas. El abogado que ganó el recurso, Alejandro Navarro, valoró como «prudente» esa decisión y sostuvo que evita prolongar la inseguridad jurídica de los contribuyentes.
Suárez, sin embargo, considera que desistir del recurso no cierra la cuestión política. «Devolver el dinero no es un acto de generosidad, es una obligación», afirmó antes de reclamar que se identifique a quienes adoptaron las decisiones técnicas y políticas que condujeron a la aprobación de la ordenanza.
La sentencia llegará al Pleno
El gobierno municipal deberá llevar la resolución judicial al Pleno previsto para el 31 de julio para iniciar su ejecución. La anulación deja de nuevo vigente la regulación anterior, que solo gravaba a comercios y establecimientos turísticos, mientras el Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza con una motivación económica reforzada.
No puede ser que un error de esta magnitud termine sin que nadie responda por él
Darias ha defendido que la legislación estatal no establece un método único para repartir el coste del servicio y confía en que los recursos planteados por otros municipios permitan al Tribunal Supremo unificar criterios. La alcaldesa ha reconocido, no obstante, que no existe todavía una fecha para aprobar la nueva tasa.
Coalición Canaria pide que el grupo de gobierno detalle ante el Pleno el coste administrativo y económico de las devoluciones y las medidas que adoptará para evitar que se repita la situación. «No puede ser que un error de esta magnitud termine sin que nadie responda por él», concluyó Suárez.
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