Cementerios municipales
La gestora de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria afronta hasta 240.000 euros en reclamaciones por incumplir el contrato
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia un procedimiento contra Canaricem por desvío de servicios y obstrucción a la fiscalización en los cementerios
Desterioro en las istalaciones del cementerio de San Lázaro / Andrés Cruz
Añádenos en Google
La gestora de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria afronta el pago de hasta 240.000 euros por incumplimientos del contrato. La Dirección General de Contratación y Patrimonio ha iniciado un procedimiento para imponer penalidades a Canaricem, la empresa concesionaria de los cuatro camposantos de titularidad municipal de la capital. La compañía habría incurrido en infracciones graves y muy graves. Además de las posibles multas, el expediente abre la puerta a la pérdida de la concesión, cuyo contrato fue firmado en noviembre de 1997 y que estará vigente hasta 2047.
La resolución recoge los resultados de la auditoría encargada por el Ayuntamiento capitalino en noviembre de 2024. El informe desarrolla dos hechos principales en los que Canaricem habría cometido irregularidades. Por un lado, el desvío de servicios y obras a una empresa vinculada; y, por otro, obstrucción a la fiscalización y falsedad informativa. La empresa tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones, documentos y aportar pruebas en su defensa. La empresa, a preguntas de este periódico, asegura que no ha recibido la notificación.
"Deterioro apreciable" en el mantenimiento
El Ayuntamiento capitalino encargó la auditoría tras detectar un "deterioro apreciable" en las condiciones de mantenimiento, conservación y limpieza de los camposantos; así como la existencia de "discrepancias e inconsistencias" en la información económico-financiera y de gestión remitida por Canaricem al Consistorio, algo que, según los técnicos municipales, dificultaba comprobar si la empresa estaba cumpliendo correctamente con las obligaciones del contrato.
La empresa habría desviado de manera "sistemática" tareas de mantenimiento a una compañía vinculada
Tras analizar la auditoría encargada a una empresa externa, los técnicos sostienen que Canaricem no ha ejecutado directamente trabajos recogidos en la concesión, entre los que se cuentan labores de mantenimiento ordinario. En su lugar, habría desviado "de manera sistemática" la realización de estas tareas y su facturación a la empresa Jomavaro SA. Ambas compañías comparten administrador y una empleada de Canaricem figura como apoderada de esta otra compañía.
Nichos abandonados en el cementerio de San Lázaro. / Andrés Cruz
Obstrucción de la fiscalización
Además, se han detectado indicios de desvío de ingresos. En 2024 Jomavaro realizó el 82,93% de los trabajos a particulares, por lo que esos ingresos no figuraron en la contabilidad. Esto reduce el cálculo del canon del 5% que debe pagar al Consistorio. El informe también acusa a la empresa de incrementar artificialmente los gastos, al asumir esta otra compañía de manera habitual trabajos esenciales estipulados en el contrato. Al ser este hecho una infracción muy grave, las posibles multas oscilan entre los 10.794,20 y 53.970,90 euros.
La imposición de infracciones muy graves abre la posibilidad de resolver el contrato del servicio
Por otro lado, la auditoría ha desvelado una posible obstrucción a la fiscalización y falsedad informativa por parte de Canaricem. El informe acusa a la empresa de haberse negado a entregar las cuentas de manera desagregada. También habla de graves contradicciones internas al no haber correlación con los documentos justificativos. La concesionaria ha admitido ante el Ayuntamiento que no dispone de registros de órdenes de trabajo, ni presupuestos de los encargos a Jomavaro. Por último, habría irregularidades en el servicio de floristería, falseando la información para adulterar los beneficios.
La obstrucción de la fiscalización supone una infracción grave con multas de entre 2.698,56 y 10.794,18 euros. En cuanto al falseamiento de las cuentas, esto supondría una infracción muy grave de otros 10.794,20 a 53.970,90 euros. Por último, en caso de resolver el contrato -la imposición de infracciones muy graves abren estas posibilidad-, el Ayuntamiento podría solicitar la incautación de una fianza de 120.202,42 euros. Estas cantidades corresponden con las cifras actualizadas a un IPC del 79,6% basándose en las cantidades en pesetas estipuladas en el contrato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
