Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la resolución del contrato de la terraza de El Atlante. El área de Patrimonio ha adoptado esta decisión tras comprobar que el empresario concesionario habría demolido las instalaciones municipales para levantar un nuevo inmueble en su lugar. Este hecho supone la gota que ha colmado el vaso de un expediente sancionador que se remonta a junio de 2025 por incumplir la Ley de Costas y al que se han sumado infracciones por ocupar más superficie de la autorizada y ejecutar obras sin permiso. El titular de la concesión afirma que tenían licencia para "tirar todo el techo del local" y que los muros que restaron eran "inestables".

Junto al final de la concesión administrativa, el decreto, firmado por el concejal del área, Francisco Hernández Spínola, calcula una indemnización al Ayuntamiento capitalino de 29.571,71 euros por la demolición y desaparición del inmueble de titularidad municipal. Procedería también a la incautación de la garantía, que asciende a 1.500 euros. Este informe será remitido a la Dirección General de Costas; a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural; y al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo.

Bien de Interés Cultural

Este bar-cafetería se encuentra junto al conjunto escultórico de El Atlante, obra del artista Tony Gallardo. El entorno fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018. El quiosco situado en el mismo mirador está en manos del Ayuntamiento desde 1988 y fue adjudicado al actual concesionario en 2019 por un canon anual de 15.000 euros. En 2022 solicitaron licencia de reforma del local, el cual llevaba varios años cerrado, y en 2024 abrieron las puertas al público.

El informe recoge dos fotografías aéreas tomadas por la Demarcación de Costas en 2022, durante la ejecución de la rehabilitación. Las imágenes fueron añadidas al expediente de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural el pasado mayo. En estas, "se aprecia claramente la demolición completa de la edificación existente". Los técnicos municipales reseñan que no habían tenido constancia de estas imágenes hasta ahora. Según estos, el concesionario demolió el local "sin atenerse al proyecto de obras presentado", el cual era de rehabilitación.

El dueño del establecimiento defiende que la licencia de reforma que tenía "incluía tirar todo el techo y solo debía mantener dos muros", dado que el espacio tenía una altura de 1,9 metros. Esta medida no cumpliría el mínimo exigido establecido por ley para la cocina de un establecimiento de hostelería. El problema surgió durante la obra, detalla, "era imposible mantener el muro frontal en pie, tiramos menos del 10% del inmueble", además de lo que tenían licencia para derribar.

Incumplimientos del contrato

El informe también hace mención a los supuestos incumplimientos del contrato cometidos anteriormente de manera reiterada, además de los expedientes abiertos por otras administraciones públicas. En junio del año pasado el Ayuntamiento recibió un escrito de Protección del Medio Natural por infringir la Ley de Costas. En agosto se le sumó una segunda denuncia por hacer uso privativo del paso de servidumbre, por lo que la agencia autonómica instaba al Consistorio a tomar medidas.

El dueño afirma que la licencia incluía tirar "todo el techo del local y solo debía mantener dos muros exteriores"

A finales de dicho mes la Policía Local hizo una primera inspección del establecimiento para constatar las denuncias hechas por las otras dos administraciones. El establecimiento alegó entonces que la rampa de acceso al jardín la hizo la empresa que estaba reparando el muro del paseo marítimo, contratada por el Ayuntamiento y cuya obra fue paralizada por Costas. De esta misma manera, inciden en que las vallas de obra que bloquean el paso de servidumbre las puso también la administración. "Este mes de enero las repusieron", precisa ahora el dueño.

En octubre del año pasado el Servicio de Edificación indicó que las obras excedían de lo permitido y precisaron que "todos los añadidos", es decir, toldos, lonas y estructuras de aluminio, desvirtuaban el entorno escultórico. El Servicio de Patrimonio del Cabildo también acreditó que se había alterado el espacio: "Las actuaciones ejecutadas en las obras de ampliación y usos dentro del entorno de protección han afectado y alterado el espacio que forma parte del BIC y sus condiciones físicas y ambientales".

El Ayuntamiento fijó en diciembre una multa de 149.796 euros por una serie de infracciones. Las inspecciones detectaron que tenían 50 mesas frente a las diez autorizadas; además de más toldos y sombrillas de las estipuladas. También disponía de diez instalaciones eléctricas en lugar de las dos que le permitía la licencia. 

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