Nuevo giro en el 'caso Valka': el juez eleva el presunto fraude de Parques y Jardines a 1,1 millones

Nuevo giro judicial en la pieza del caso Valka que investiga si hubo corrupción en el área de Parques y Jardines para favorecer los intereses particulares del empresario Felipe Guerra. El magistrado Rafael Passaro Cabrera ha transformado las diligencias previas en un procedimiento de sumario al detectar que el presunto fraude para el erario público habría ascendido hasta los 1,1 millones de euros, de los que inicialmente solo se había detectado un desfase de 430.000 euros.

Así lo ha reflejado en un auto dictado esta semana por la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Esta causa investiga a la exconcejala del Ayuntamiento Inmaculada Medina, a Felipe Guerra como presunto beneficiario, al exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y al posterior responsable del área, Sergio González Cubas.

El juez concluye tras las diligencias practicadas hasta la fecha que "la continuación del procedimiento por los trámites de las diligencias previas ya no se acomoda a la naturaleza y gravedad de los hechos que son objeto de investigación en la presente causa".

Malversación agravada

El auto pone de manifiesto que existen "indicios racionales" de la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por causar un perjuicio superior a 250.000 euros, en concurso con delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho y blanqueo de capitales.

"Los informes incorporados a la causa, elaborados a partir de la documentación administrativa, contable y bancaria recabada durante la instrucción, ponen de manifiesto, de forma indiciaria, la existencia de un relevante desfase entre el suministro realmente efectuado y el facturado", detecta el instructor del procedimiento.

Hasta 12 años de prisión

De esta forma, manifiesta que los hechos que se investigan podrían implicar la aplicación de una pena agravada de malversación, que se castiga con hasta 12 años de prisión, lo que excede del ámbito del procedimiento abreviado y eleva la causa a sumario.

El magistrado ha adoptado esta resolución a raíz de las últimas actuaciones llevadas a cabo y ha trasladado la resolución al fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, y a las defensas de los investigados, que tienen opción de interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días.

De esta forma, Passaro eleva la cuantía supuestamente defraudada, que el representante del Ministerio Público cifraba en 430.000 euros por un presunto cohecho por parte de Guerra y Padrón. Según sostiene esta parte, el contratista habría utilizado parte de los beneficios obtenidos por los sobrecostes para financiar un préstamo personal a favor del exjefe del servicio, que habría actuado como una especie de "retorno encubierto".

Facturas infladas

La pieza cinco de la presunta trama corrupta pone bajo la lupa una serie de facturas en apariencia infladas emitidas en el área municipal entre 2015 y 2022. El papel de Medina habría consistido en la firma de varios pagos como concejala que dieron por válidas unas cantidades erróneas por no haber realizado una comprobación de los contadores para verificar que se estaban suministrando las cantidades de agua que se habían contratado.

La facturación cayó en picado a partir de diciembre de 2022, cuando cambiaron los responsables del servicio y entraron en su lugar los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez, y meses después la concejala Gemma Martínez Soliño.

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