La tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria será devuelta de oficio y con intereses de demora

Los ciudadanos que abonaron la tasa de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria recuperarán el importe pagado (149,33 euros por hogar) con intereses de demora. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, anunció este viernes en el Pleno que el Ayuntamiento tramitará las devoluciones de oficio cuando la sentencia que ha anulado la ordenanza reguladora de la tasa adquiere firmeza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El pasado 13 de julio la sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC declaró que la ordenanza que regula la tasa de recogida de residuos, aprobada en abril de 2025, no se ajusta a derecho por deficiencias en la justificación de los importes. Una semana después, el Ayuntamiento, tras analizar la sentencia, decidió no recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y, por tanto devolver los recibos abonados hasta ese momento.

"Es necesario que la sentencia sea firme"

En el transcurso de una moción del PP que solicitaba saber cuándo se abonarán los importes, Spínola subrayó que para devolver los importes “es necesario que la sentencia sea firme”. Una vez ocurra esto, “el día que se notifique, al día sigueinte se podrá dictar al órgano de gestión tributaria una orden para devolver la tasa de oficio”. No obstante, recomendó que los ciudadanos sigan poniendo recursos.

Spínola: "A pesar de haber motivos para recurrir, pero no hemos querido crear inseguridad jurídica"

El concejal de Hacienda especificó que una vez conocieron la sentencia paralizaron el envío de recibos a los domicilios. El Ayuntamiento comenzó en el mes de junio a notificar a los ciudadanos el cobro de esta tasa de nueva creación. De los 169.000 recibos previstos, más de 35.000 hogares abonaron la tasa, lo que equivale a una recaudación de cinco millones de euros.

Spínola defendió la ordenanza ahora anulada y consideró que, pese a la resolución judicial, hicieron “un trabajo riguroso”. El edil sostuvo que esta era “una ordenanza bien fundamentada, avalada por especialistas” y que estimaron no recurrir, “a pesar de haber motivos para hacerlo”, para “no crear inseguridad jurídica” entre los ciudadanos.

La alcaldesa, Carolina Darias, intervino en esta misma línea: “Hemos primado el interés general”. Darias expuso la alta inseguridad jurídica que existe en distintos ayuntamientos y enfrentó a la oposición reprochándole las formas que han tenido en otros puntos de la geografía española donde PP y Vox gobiernan. Caso de Elche, donde sí han recurrido la sentencia.

Reprobación del gobierno municipal

Darias apuntó que la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda ha pedido al Tribunal Supremo "una unificación de doctrina y que establezca unos criterios". Hizo hincapié en que este es uno de los problemas que están teniendo los ayuntamientos, dado que cada consistorio está aplicando la tasa de una forma y hay decisiones judiciales muy dispares.

PP y Vox pidieron la reprobación del gobierno municipal. La portavoz de los populares, Jimena Delgado, quien directamente pidió que Darias diera "disculpas", recordó que en mayo llevaron al pleno una moción para aplazar el inicio cobro de la tasa teniendo en cuenta que había dos recursos pendientes de una resolución del TSJC.

“La ordenanza se hizo con una memoria económica llena de dudas, dijimos que no podía construirse una tasa así sobre modelos de otras comunidades [el Consistorio utilizó un estudio de Cataluña de 2014]”, expuso Delgado. La portavoz también preguntó qué pasará con aquellos que abonaron la tasa en efectivo en cajeros automáticos, sin respuesta.

Suscríbete para seguir leyendo