El expresidente haitiano Jean Claude Duvalier murió hoy de un infarto a los 63 años en su casa próxima a Puerto Príncipe, donde residía desde 2011 tras un exilio de 25 años en Francia, donde afrontó cargos por crímenes de lesa humanidad durante su mandato (1971-1986), pero jamás pagó por ellos.

La noticia fue comunicada por su abogado Reynold Georges, y posteriormente, confirmada por, entre otros, el propio mandatario haitiano, Michel Martelly, y varios ministros. Georges indicó que se llevará cabo un "funeral nacional" pero no detalló ni la fecha ni las características del mismo.

Tras comunicar el fallecimiento de Duvalier, que nació en Puerto Príncipe el 3 de julio de 1951, Martelly aseguró que, pese a las "disputas" y "diferencias" que mantenían, con su desaparición falleció un "hijo genuino de Haití".

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, Martelly trasladó sus "sinceras" condolencias a la familia de Duvalier, y a la nación, por esta "triste circunstancia". "El amor y la reconciliación siempre deben superar nuestros enfrentamientos. Que su alma descanse en paz", indicó.

Duvalier respondía al sobrenombre de "Baby Doc", pero sus 15 años al frente de Haití tuvieron de todo menos la inocencia de un bebé, sumiendo al país en la corrupción y la represión.

En 1971, y a los 19 años, heredó el cargo dejado por su padre, el también dictador François Duvalier ("Papa Doc"), convirtiéndose en el mandatario número 41 del país, en el más joven del mundo y autoproclamándose "presidente de por vida".

En apariencia, sus casi 15 años al frente de Haití fueron menos violentos que los de su progenitor, pero la realidad fue bien distinta y la persecución política y los abusos de poder que se llevaron a cabo fueron pertinentemente documentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

En enero de este año, la propia HRW advirtió que una falta de voluntad política y retrasos judiciales "inaceptables" estaban permitiendo a Duvalier huir de la Justicia por violaciones de los derechos humanos durante su mandato, caracterizado por una creciente corrupción y represión.

Durante sus primeros años de mandato, aparentemente abrió el país a la inversión extranjera, apoyó una ley a favor del divorcio exprés, lanzó campañas medioambientales y fomentó el turismo, entre otras medidas, pero la realidad fue otra.

Por ejemplo, introdujo una nueva ley de prensa que prohibió críticas al presidente, al Gobierno o a los oficiales de seguridad y que desembocó en la deportación de periodistas y opositores; y la formación de un cuerpo represivo, "Los leopardos" (siguiendo la estela de los "tonton macoutes" de su padre).

Adoptó una nueva Constitución y convocó elecciones legislativas en 1984, pero sin oposición, ya que antes de los comicios mandó a encarcelar al presidente de la Democracia Cristiana, Sylvio Claude, e impidió que ese partido concurriera a las urnas, con lo que el suyo, el CONAJEC (Comité de Acción Jeanclaudista), ganó sin adversarios.

Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch reflejaron en numerosas ocasiones la malversación de millones de dólares que se produjo durante su mandato.

Las organizaciones humanitarias también denunciaron violaciones continuas de derechos humanos, con el encarcelamiento y tortura de cientos de haitianos opositores a su régimen o el envío al exilio de algunos de ellos.

Durante su mandato también cayeron cifras como la de analfabetismo y expectativa de vida y salió vivo de varios atentados, aunque en 1981 resultó herido en uno de ellos.

En 1986, las crecientes protestas populares y la presión diplomática desde EEUU obligaron a que abandonara el país en un avión militar estadounidense.

Fue aceptado por Francia, donde fijó su residencia en Grasse, en el sureste del país y donde vivió bajo arresto domiciliario.

En mayo de 1987 fue juzgado en Francia por la demanda civil presentada por el Gobierno de Haití, así como cuatro empresas nacionales haitianas, por la desviación en su provecho de 120 millones de dólares de los fondos públicos del Estado.

Cuatro años después y siendo Jean Bertrand Aristide presidente de Haití, se estudió la solicitud de su extradición, a la vez que se confirmó la presentación de una demanda por el robo de 800 millones de dólares, que presuntamente tenía en distintos bancos de Estados Unidos, Suiza y Francia.

En Suiza se abrió un largo proceso en 1986, a instancias del Gobierno haitiano, por el que le fueron bloqueados 5,7 millones de dólares y en febrero de 2010, el Gobierno helvético aprobó una modificación legal que entró en vigor el 1 de febrero de 2011, por el que se facilitaba la devolución a los países afectados de los fondos procedentes de la corrupción bloqueados en bancos suizos.

El 16 de enero de 2011, por sorpresa, Duvalier regresó a Haití. Volvió a su país un año después del terrible terremoto que asoló el país en 2010 y asegurando que quería contribuir y ayudar a la reconstrucción del país. Tras su llegada, se le prohibió la salida.