La Fiscalía chilena registró la casa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta chilena Michelle Bachelet, para incautarse de varios ordenadores y documentación relacionada con la investigación sobre eventuales delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

La diligencia tuvo lugar el pasado 6 de marzo y fue encabezada por el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, que acudió al domicilio de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, en el sector santiaguino de La Reina, acompañado de agentes del cuerpo de Carabineros, informó hoy el diario electrónico "El Mostrador" y fue confirmada por fuentes oficiales.

El miércoles de la semana pasada, el Juzgado de Garantía de Rancagua emitió la resolución con la "orden de entrada, registro e incautación" en el marco de la causa que lleva Toledo.

La orden autorizaba a "abrir correspondencia cerrada", "incautar todos los elementos que pudieran relacionarse con la comisión del delito" y hacer "uso de la fuerza pública en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento".

Tras hacerse pública la incautación, el ministro Secretario General de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró hoy que el registrono afectará la imagen de la gobernante chilena.

"El liderazgo de la Presidenta es claro, los chilenos conocen de su trayectoria de servicio público de toda la vida, así que no creo que tenga un impacto sustantivo", afirmó.

Asimismo, aseguró que desde el Ejecutivo están dispuestos a colaborar con la investigación, en caso de que el Ministerio Público requiera revisar los correos electrónicos que Dávalos intercambió mientras fue director Sociocultural de la Presidenta.

Unas palabras que entroncan con la promesa que hizo ayer la presidenta Bachelet, en alusión al caso que involucra a su hijo, cuando se comprometió a impulsar una nueva regulación entre la política y los negocios, "afecte quien afecte".

Caval, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de éste un préstamo del Banco de Chile por el equivalente de unos 10,4 millones de dólares para comprar unos terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de dólares.

En la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco, cuya propiedad está controlada por su familia.

La repercusión del caso ha golpeado duramente la popularidad de Bachelet, que en un año ha caído 18 puntos, hasta el 34 %, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública Cadem.