El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, confirmó este viernes que ya presentó su dimisión al rey Guillermo Alejandro de Países Bajos y admitió que se ha "criminalizado a personas inocentes" cuando se acusó sin fundamento a 26.000 familias de defraudar a la Agencia Tributaria para lograr ayudas para el cuidado de sus hijos, lo que llevó a muchas a la ruina.

En una rueda de prensa posterior a una reunión con sus socios de Gobierno, Rutte confirmó que su dimisión como primer ministro no supone que vaya a dejar de liderar a los liberales (VVD) en las elecciones del próximo marzo y, aunque su futuro está en manos del partido, subrayó que tiene "toda la confianza" en que seguirá como su cabeza de lista para ser reelegido dentro de dos meses, si se confirman las previsiones de las encuestas.

Rutte reconoció que el informe de la comisión que investigó el escándalo de las ayudas a los padres es "duro, pero justo" y que las cosas "se hicieron terriblemente mal", porque "se ha criminalizado a personas inocentes, sus vidas fueron destruidas y el Parlamento recibió información incorrecta e incompleta".

Añadió que "esto no puede y no debe volver a salir mal" y lamentó que "el Gobierno no cumplió con sus propios altos estándares", lo que supone un "fracaso sistémico que no puede quedar sin consecuencias", según concluyeron de forma "completamente unánime" los cuatro partidos de la coalición.

Para el liberal, el Estado de derecho "debe proteger a sus ciudadanos de un Gobierno con poderes totales", lo que, según él, no ocurrió cuando, desde 2014, la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a las familias con hijos para acusarlas de fraude, sin darles ningún argumento, y por mucho que justificaban su necesidad de recibir esas ayudas para pagar las guarderías de sus hijos, las autoridades fiscales seguían bloqueando los subsidios.

Más tarde, se demostró que la mayoría de las familias que había recibido esas cartas tenía orígenes autóctonos, y que eran casi todos ciudadanos con orígenes marroquíes o turcos, que, además de ver bloqueada la subvención, se vieron obligados a devolver a la Hacienda neerlandesa decenas de miles de euros en plazos que no superaban unas semanas, lo que llevó a muchos a la ruina, o a perder su casa y su trabajo para reunir el dinero.

"Estoy llorando (...). Esto es lo correcto, no podría haber sido de ninguna otra manera. Estuve en la miseria durante 12 años de mi vida, y lo peor para mi fue que mi hija lo pasó muy mal, no quería seguir viviendo", contó Kristie Rongen, una de las víctimas del escándalo de las prestaciones, a la radio pública NPO tras conocer la dimisión del Gobierno.

Aseguró que había días en los que sus hijos no tenían comida que llevarse al colegio y que, en muchas ocasiones, tuvo que "poner la excusa de que estaban enfermos" porque le "daba vergüenza y temía que se los llevaran" los servicios sociales por la situación en la que estaban.