Hace casi cinco años que fueron encarcelados. A Séan Binder, un buceador alemán, y Sarah Mardini, nadadora y refugiada siria, la justicia griega les acusaba de espionaje, ser miembros de una organización criminal, blanquear capitales y incluso tráfico de personas. Supuestamente, todos estos crímenes fueron realizados mientras Binder y Mardini trabajaban rescatando a refugiados y migrantes a la deriva en el mar Egeo para una oenegé internacional entre 2016 y 2018. 

Ambos fueron puestos en libertad condicional tras más de cien días entre rejas, en 2018. A Mardini, que consiguió el estatus de refugiada en Alemania, Grecia le prohibió pisar de nuevo el territorio heleno. Este martes, ambos —junto con otros 22 trabajadores humanitarios— se sientan por primera vez en el banco de los acusados por unos cargos que podrían acarrearles hasta 25 años de cárcel

“Debemos asegurarnos de que la búsqueda y rescate están permitidos permitida, que la gente mantiene el derecho a pedir asilo. Simplemente, se debe respetar el imperio de la ley, y espero que la fiscalía haga esto hoy”, ha dicho este martes Binder ante el juzgado de Lesbos, donde se ha llevado a cabo la primera vista del juicio. 

“Este caso criminaliza la solidaridad humanitaria que busca salvar vidas en el mar, y está lleno de fallos procedimentales que dañan los derechos de los acusados de recibir un juicio justo”, ha dicho este martes la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW) en un comunicado. Un informe del Parlamento Europeo, de hecho, concluye que este juicio es “la criminalización de la solidaridad más grande en Europa”.

Cambio de política

Cuando llegó la gran primera ola de refugiados hacia la costa griega, el país heleno y sus habitantes se volcaron en la ayuda. A través de sus islas, cerca de 1,5 millones de sirios llegaron a Europa, con destino final no Grecia sino países como Alemania y Suecia

Pero los que llegaron más tarde no tuvieron tanta suerte. Éstos fueron obligados a quedarse atrapados en Grecia y sus islas, que se convirtieron en cárceles al aire libre. Con los años -y el acuerdo de refugiados entre Turquía y la UE- Grecia dio la espalda a los solicitantes de asilo que intentaban cruzar el Egeo. En 2018, organizaciones defensoras de los derechos humanos empezaron a documentar casos de devoluciones en caliente por la policía griega tanto por mar como por tierra. Desde 2020, estas devoluciones, regadas de robos y violencia contra los refugiados y solicitantes de asilo, se convirtieron en sistemáticas. El Gobierno heleno, sin embargo, lo niega todo. 

Paralelamente llegaron los casos judiciales: un migrante somalí, por ejemplo, fue condenado a 142 años de cárcel hace dos años por haber conducido la barcaza con la que él y otros solicitantes de asilo llegaron desde Turquía a Grecia. Este lunes, su pena fue rebajada a 37 años de cárcel porque la defensa pudo demostrar que los traficantes obligaron al somalí a conducir la embarcación. El hombre lleva dos años en prisión, y saldrá en libertad condicional dentro de un mes.

Radios, todoterrenos y Whatsapp

“La acusación contra Sarah Mardini y Séan Binder habla sobre los esfuerzos de Grecia de mantener a los refugiados y migrantes lejos por cualquier vía, y cómo esto incluye también tener como objetivo a aquellos que se dedican a ayudar a los que llegan. Las acusaciones a las que [los 24 trabajadores humanitarios] se enfrentan son injustas y no tienen base. Deben ser retiradas para que todos ellos puedan seguir con sus vidas”, ha dicho antes del juicio Yorgos Kosmopulos, director de campaña de migraciones para la oenegé Amnistía Internacional

Como pruebas de los supuestos crímenes que los acusados habrían cometido, la fiscalía griega asegura que Binder, Mardini y los demás trabajadores humanitarios escuchaban los canales de radio de la Guardia Costera griega, usaban todoterrenos con matrículas militares falsas y se comunicaban con una aplicación de mensajería encriptada. Esta aplicación es WhatsApp.

“Si somos declarados culpables de espionaje por haber utilizado WhatsApp -ha dicho Binder antes de la primera vista del juicio-, si facilitamos la entrada ilegal al país porque rescatábamos a personas, si blanqueamos capitales porque éramos una oenegé… entonces todos los que hacen búsqueda y rescate en el mar, los que trabajan en la caridad y los que usan WhatsApp son culpables de todos estos crímenes”, sentenció.