El Gobierno de Canarias reafirmó ayer que el acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares públicos ya está en vigor, aunque el documento aprobado por el Consejo no establezca una fecha concreta sobre el inicio de la implantación de esa medida higiénica para evitar la propagación de la Covid-19.
La inexistencia de una fecha en el acuerdo del Ejecutivo regional ha generado dudas sobre la entrada en vigor de la obligatoriedad de las mascarillas en Canarias, la última comunidad autónoma española en imponer su utilización en todos los espacios públicos. Juristas como Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, entiende que al no establecerse una fecha para la implantación de esa medida debe regir la normativa general, que fija 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
La decisión del Consejo de Gobierno que preside Ángel Víctor Torres se publicó el viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y ese trámite es suficiente para su entrada en vigor de forma inmediata, según explicó ayer el Ejecutivo regional, que quiso dejar claro que el uso de la mascarilla ya es una obligación para todos los ciudadanos y que el incumplimiento tiene las consecuencias recogidas en la propia normativa especial sobre la pandemia del coronavirus.
Los acuerdos del Consejo de Gobierno de Canarias "entran en vigor desde el mismo momento en que salen publicados", según aseguraron fuentes de la Presidencia tras consultar a los equipos jurídicos de la Comunidad Autónoma. El argumento que aducen los que ponen en duda la fecha de inicio de la obligatoriedad, según las mismas fuentes, es un precepto que se denomina vacatio legis, que son los 20 días que distan desde que un gobierno aprueba una ley hasta que entra en vigor.
Cuatro antecedentes
Sin embargo, según el Ejecutivo, ese precepto "no se aplica" a los acuerdos del Consejo de Gobierno, que son efectivos desde que se publican en el Boletín -a efectos prácticos al día siguiente- y así ha ocurrido también en las últimas cuatro ampliaciones al Decreto inicial del mes de junio sobre las medidas para prevenir el contagio del coronavirus.
Además, recordaron las mismas fuentes, en este caso el Gobierno ha actuado como autoridad sanitaria conforme al Artículo 28 de la Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria de Canarias y, por tanto, son actos de intervención administrativa acorde a los artículos 25 y 26 de la misma norma.
Por contra, otros juristas sostienen que publicar un acuerdo del Gobierno sin una fecha de entrada en vigor conlleva la aplicación de la normativa general, lo que puede dar lugar a que surjan problemas a la hora de sancionar a los que incumplan la exigencia de ponerse la mascarilla en los espacios públicos.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su Artículo 47, señala que "las leyes del Parlamento de Canarias y demás normas con fuerza de ley serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente o Presidenta de la Comunidad Autónoma y publicadas en el Boletín Oficial de Canarias en el plazo de 15 días desde su aprobación y en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su entrada en vigor, regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias".
El debate jurídico, por tanto, es si "un acuerdo" del Consejo de Gobierno tiene rango de ley del Parlamento y se puede acoger a ese artículo del Estatuto. Según la tesis de los que opinan que se debió concretar una fecha, tanto el acuerdo inicial del 19 de junio, del que trae causa, como este posterior, contienen normas que vinculan a los ciudadanos y generan responsabilidades. Por tanto, son disposiciones de carácter general que deberían aprobarse mediante una Orden, un Decreto o incluso un Decreto Ley, pues de esa forma se pueden exigir claramente las responsabilidades de los ciudadanos y ejercer la potestad sancionadora.
Gerardo Pérez resaltó ayer que el acuerdo que se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial de Canarias "no tiene ninguna disposición que regule la entrada en vigor, cuando normalmente cualquier normativa tiene la posibilidad que establecer entre sus artículos cuándo entra en vigor, pero si guarda silencio sobre ese tema, no fija una fecha concreta, existe un criterio general que dice que entra en vigor a los 20 días desde su publicación, tanto a nivel estatal como autonómico".
Al respecto, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad lagunera recordó que el Artículo 40 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública recoge que "las normas reglamentarias se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias y entrarán en vigor a los veinte días de su publicación, salvo que en las mismas se disponga otra cosa".
Recomendaciones
Preguntado por las consecuencias que podría tener esta ausencia de fecha en la obligatoriedad de la mascarilla, Pérez comentó que "si entra en vigor dentro de 20 días, solo podrá exigirse dentro de 20 días, aunque otra cosa es que pueda recomendarse su uso de forma voluntaria por otras vías". En ese sentido, explicó que el Gobierno canario podría rectificar esta norma, como se hace en otras ocasiones, con una corrección de errores o con una disposición sobre la entrada en vigor.
"Las normas jurídicas, y yo entiendo que esta es una norma jurídica porque regula y limita derechos de los ciudadanos, debe decir cuándo entra en vigor, porque si no dice nada se aplica a los 20 días de la publicación; esto es así a nivel nacional por el Artículo 2 del Código Civil y a nivel autonómico por el Artículo 40 de la Ley del Gobierno", apuntó.
Según este experto de Derecho Constitucional, el uso obligatorio de las mascarillas tampoco se puede sustentar en el último acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas para intentar implementar una serie de medidas homogéneas en todo el territorio, pues el Ministerio no ha publicado nada en el BOE hasta ahora y las competencias de Sanidad en lo relativo a la lucha contra el coronavirus las han asumido las autonomías.
