Hace tres semanas tuve ocasión de participar, en el palacio de la Moncloa, en la presentación del Plan de Modernización de la Formación Profesional elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige la ministra Isabel Celaá. En el acto intervino también un joven profesor de un instituto de Formación Profesional de Santiago de Compostela. Contó una anécdota reveladora de uno de los retos que tiene la FP: recuperar el prestigio social como una opción formativa atractiva para los jóvenes y sus familias.
Natural de la comarca de A Mariña, Lugo, nos dijo que su deseo era cursar la FP. Pero cuando se lo dijo a sus padres, el disgusto familiar fue tremendo. Veían la FP como una opción que era sinónimo de fracaso social por su falta de prestigio. Viendo ese disgusto, decidió hacer el bachillerato y cursar un grado universitario. Una vez hecho ese recorrido, volvió a la FP como profesor. A su juicio, hoy las cosas han cambiado. Cada vez son más las familias que ven la FP como una opción de futuro para sus hijos.
Los datos confirman esa opinión. El número de alumnos matriculados en la FP aumenta año a año. La tasa de abandono es menor. Tienen un nivel de paro inferior. Sus salarios son mayores. Tardan menos años en alcanzar el nivel de ingresos de sus padres. Por lo tanto, el ascensor social de la Formación Profesional funciona. Es una buena noticia en tiempos de incertidumbre respecto al empleo.
Desde esta perspectiva, la FP puede verse como una política que mejora la igualdad de ingresos de la sociedad en la etapa de la predistribución. Es decir, antes de la distribución que se lleva a cabo en el seno de las empresas entre salarios y beneficios y previo a la redistribución posterior a través de los impuestos y de los gastos sociales. Este tipo de política predistributiva tiene un gran papel que, sin embargo, muchas veces no se le reconoce.
Las proyecciones sobre necesidades futuras de la economía favorecen actualmente a la FP. Los estudios del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) apuntan a una creciente demanda de cualificaciones de nivel intermedio y superior y a una caída de la demanda de bajo nivel educativo. Esta mayor demanda coincide con los mandos intermedios y técnicos cualificados; es decir, con los técnicos y los técnicos superiores de nuestra Formación Profesional.
Estas proyecciones se van a ver intensificadas por los efectos del covid-19. Es así, ya que obliga a cambiar las formas de producir, distribuir y consumir. Vamos a necesitar nuevas capacidades como la digitalización. Este es un momento de oportunidad para la puesta en marcha del Plan de Modernización de la Formación Profesional.
Comparada con otros países, la estructura formativa de la población activa en España revela uno de nuestros problemas esenciales: nuestra realidad se ajusta a un modelo diabólico, con pocas calificaciones intermedias, frente a las previsiones del modelo barril de cualificación requerido por el sistema productivo. Es decir, abajo tenemos mucha población activa con poca formación (ESO), en medio tenemos una cintura estrecha (Bachillerato y FP) y arriba tenemos, proporcionalmente, mucha formación superior). Exactamente lo contrario que la Europa de los Veintisiete.
Esta comparación necesita, sin embargo, una matización. Del total de casi 23 millones de españoles que forman la población activa, un poco más de 11 millones, el equivalente al 48,2%, tiene un nivel de formación profesional bueno que, sin embargo, no se les reconoce. Esto, además de ser una injusticia del sistema, pone a estos ciudadanos en inferioridad de condiciones con respecto a otros que sí pueden acreditar sus competencias profesionales. El plan plantea resolver esta carencia. Algo que es importante porque cuanto mayor es el nivel de formación reconocido a una persona, mayor es su nivel de actividad (empleabilidad) y de salario.
Pero para que la FP tenga éxito, además de la recuperación del prestigio social que he señalado, se requieren otras dos condiciones adicionales. Por un lado, el compromiso de las empresas con este modelo de formación dual. Por otro, el compromiso de los poderes públicos para poner en marcha un sistema flexible y efectivo, dotado, además, como es el caso del plan, de importantes recursos económicos que permiten incentivar la mejora del sistema. Ese doble compromiso con la FP es, a mi juicio, uno de los elementos constitutivos del nuevo contrato social que España necesita para crecer con productividad y de forma inclusiva.
Antón Costas. ECONOMISTA
