Desde hace muchos años -queda amplio testimonio en las páginas de LA PROVINCIA/DLP- venimos exponiendo la discriminación a que es sometida Gran Canaria por el Gobierno Autónomo a partir del momento en que el entonces presidente Manuel Hermoso proclamara "la hora de Tenerife". Ático hasta la médula, como en el fondo, y en su origen, también lo es el actual mandatario Paulino Rivero. Y decimos en el fondo, porque lo que es en la forma lo disimula con idas y venidas que de ninguna manera cuelan en los grancanarios que, aun teniendo una visión regionalista, no admiten tratos tan desiguales, como se ha revelado ahora y advertido en largas singladuras.

Se incide en que la burocracia es la que frena el desarrollo vital de nuestra isla. Podemos admitirlo. Ahora bien, hay que aclararlo. La burocracia no está conformada sólo por el entramado funcionarial. Las adversidades residen en la complejidad del aparato administrativo y decisorio, donde, en definitiva, se teje la pieza: consejeros, viceconsejeros, directores generales, asesores, etc, atravesando intrincados despachos hasta llegar al punto de desenlace, el Consejo de Gobierno. Y allí está, encabezándolo, el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero. ¿A qué viene, por tanto, la convocatoria del mismo a los empresarios grancanarios para desatascar la serie de planificaciones llevadas a estrictez de máximo rigor por el consejero Berriel? ¿Un brindis al sol, un brindis de Navidad, como han señalado algunos?

No existe otra realidad que la que se palma meridianamente. No se pide nada diferencial para Gran Canaria. Solo el mismo tratamiento que se aplica a Tenerife, hacia donde se ha desplazado el poder resolutivo de la Comunidad Autónoma. El trasvase es continuo, interminable. Y no se conforman con eso. Nos aprietan las tuercas por todos lados, frenan por los cuatros costados a la isla, desde el norte al sur. Las iniciativas empresariales -que, al fin de cuentas, generan progreso y trabajo- son relajadas al cajón desde donde nada avanza, en tanto las que afectan al feudo tinerfeño se desarrollan con holgura. La intencionalidad es nítida: que Gran Canaria quede anclada, paralizada, y la otra nave viento en popa.

Es hora -¿tal vez "la hora de Gran Canaria"?- de poner final a lo que a todas luces resulta intolerable. Surgen voces y actitudes (antes pasivas) que así lo manifiestan. Esperemos que no sean flor de un día. Las instituciones y políticos que tienen en nuestro ámbito el mandato de actuar, mediante la representación otorgada por el pueblo, contraen a tal respecto una responsabilidad absoluta, inexcusable. Aunque también hay que decirlo: en esta isla somos propensos a la autoflagelación, sembrando minas a voleo en el propio territorio. Innumerables episodios al respecto. Notorios ejemplos: las proyecciones aeroportuarias, la regasificadora -no entramos en cuanto a su emplazamiento- que, a su vez, contra viento y marea, avanza en Granadilla, con voluminosas inversiones, la regeneración del istmo Puerto-Santa Catalina, el gran centro comercial de La Longuera (Gáldar), la Variante de Bañaderos, atenazada en pleitos sin fin. Y paremos de contar.

Cada palo que aguante su vela. Por supuesto, a muchísima más consideración el Gobierno que debiera ser por igual para todas las áreas de Canarias. No nos valen guiños para la galería, cuando los intereses se trastean según cómo y de qué parte. Conforme evidencia Alberto Cabré, "hay un secuestro económico sobre Gran Canaria".